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En una maniobra de último momento, La Libertad Avanza acordó con el PRO y sectores del radicalismo restituir la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, para evitar que la oposición derribe el DNU 70/2023. La jugada expone las contradicciones del oficialismo y coloca a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo en el centro de una negociación decisiva. Este jueves, el Congreso puede convertirse en el escenario de una nueva derrota política para Javier Milei.
15 de octubre de 2026
La política argentina tiene esas ironías que ni el guionista más imaginativo se animaría a escribir. Javier Milei, el presidente que convirtió al kirchnerismo en su enemigo predilecto y prometió terminar con todo vestigio de su legado, ahora necesita recuperar una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para salvar una de las principales herramientas de su programa económico.
La escena se desarrolló este miércoles en la Cámara de Diputados. A pocas horas de una sesión especial convocada por la oposición para intentar rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el oficialismo y sus aliados firmaron un dictamen que propone restablecer la Ley de Tierras de 2011.
No se trata de una repentina conversión ideológica ni de un descubrimiento tardío de las virtudes de la soberanía territorial. La explicación es bastante más terrenal: el Gobierno necesita evitar que el Congreso avance contra el megadecreto que constituyó la piedra fundacional de su política de desregulación económica.
La maniobra, impulsada por La Libertad Avanza con el acompañamiento de sectores del PRO y la Unión Cívica Radical, pretende quitarle a la oposición uno de sus principales argumentos para reunir los votos necesarios y avanzar contra el DNU.
En otras palabras, el Gobierno está dispuesto a sacrificar una parte de su programa original para preservar el resto.
La Ley de Tierras: de enemigo ideológico a salvavidas político
La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, estableció restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre sus principales disposiciones figura un límite general del 15 por ciento para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones específicas por nacionalidad y superficie.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso su derogación, en línea con la concepción libertaria de eliminar regulaciones sobre la propiedad privada y facilitar la circulación de capitales.
Sin embargo, aquella decisión terminó convirtiéndose en uno de los puntos más conflictivos del megadecreto.
La discusión sobre la extranjerización de la tierra encontró resistencias en organizaciones ambientales, sectores productivos, excombatientes de Malvinas y espacios políticos de diferentes orientaciones.
La controversia llegó a la Corte Suprema, que el 9 de octubre suspendió provisionalmente los efectos del artículo 154 mediante una medida cautelar. Esa resolución permitió restablecer temporalmente las restricciones previstas por la legislación de 2011, sin resolver todavía el fondo del conflicto judicial.
Ante ese escenario, el oficialismo decidió avanzar con una salida legislativa. En un giro llamativo, incorporó la restitución de la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La contradicción política resulta evidente: una administración que había hecho de la derogación de regulaciones una bandera ahora propone recuperar una de las normas que había eliminado.
El DNU 70, la columna vertebral del modelo libertario
El Decreto 70/2023 fue firmado por Milei apenas diez días después de asumir la Presidencia. Con 366 artículos, introdujo modificaciones profundas en distintas áreas de la economía y el funcionamiento del Estado.
Entre sus medidas estuvieron la derogación de la Ley de Alquileres, cambios en el mercado de las empresas de medicina prepaga, la eliminación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas y modificaciones en numerosos regímenes económicos.
Para el Gobierno, el decreto representa una herramienta central para desregular la economía, reducir la intervención estatal y ampliar la libertad contractual.
Para sus críticos, en cambio, constituye un intento de transformar estructuralmente la legislación argentina mediante facultades excepcionales del Poder Ejecutivo, desplazando debates que deberían desarrollarse en el Congreso.
El problema político para Milei es que el DNU ya recibió el rechazo del Senado. Si Diputados también lo rechazara, quedaría derogado conforme al mecanismo establecido por la Ley 26.122, aunque se preservarían los derechos adquiridos durante su vigencia.
Por eso, la sesión convocada para este jueves tiene una importancia que supera ampliamente la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales.
Lo que está en juego es la supervivencia de uno de los instrumentos más emblemáticos del proyecto libertario.
Sáenz y Jaldo: los gobernadores que pueden inclinar la balanza
Gustavo Sáenz
El mandatario salteño aparece como uno de los actores centrales de las negociaciones parlamentarias. La posición de los diputados vinculados a su espacio podría resultar determinante para alcanzar o impedir el quórum.
Osvaldo Jaldo
El gobernador tucumano también ocupa un lugar estratégico. Las decisiones de legisladores cercanos a su conducción pueden definir el resultado de una jornada parlamentaria especialmente ajustada.
La oposición necesita reunir 129 diputados para abrir la sesión especial prevista para las 14 horas. Hasta las primeras horas de este jueves, ese número no estaba asegurado.
El bloque de Unión por la Patria, junto con sectores de Provincias Unidas, la izquierda y otros espacios opositores, intensificó las conversaciones para conseguir las presencias necesarias.
En ese escenario, los gobernadores de Salta y Tucumán aparecen como piezas decisivas.
Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo mantuvieron la incertidumbre sobre la posición de los legisladores que responden políticamente a sus espacios.
Para Sáenz, la definición representa un desafío particular. Su relación con la Casa Rosada ha combinado acuerdos institucionales, negociaciones por recursos provinciales y diferencias puntuales con determinadas políticas nacionales.
La decisión de los diputados salteños no solamente tendrá consecuencias para el Gobierno nacional. También permitirá observar hasta dónde llega la autonomía política del oficialismo provincial frente a las necesidades parlamentarias de Milei.
Porque en una votación tan ajustada, cada ausencia puede valer tanto como un voto favorable al Gobierno.
La oposición denuncia una maniobra para impedir el debate
La reacción de los bloques opositores no tardó en llegar.
Desde Unión por la Patria, Paula Penacca cuestionó el cambio de posición del oficialismo y lo interpretó como un intento de desactivar la sesión.
El diputado Diego Giuliano también ironizó sobre la decisión de recuperar una ley que el propio Milei había eliminado.
Pablo Juliano, de Provincias Unidas, apuntó directamente contra la contradicción de los libertarios y sus aliados, que ahora respaldan una norma aprobada durante el kirchnerismo para evitar la caída del DNU.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió la estrategia oficial y sostuvo que la controversia sobre la Ley de Tierras podía resolverse mediante el nuevo proyecto legislativo.
La disputa revela dos interpretaciones contrapuestas.
Para el Gobierno, restituir la legislación sobre tierras permite resolver el punto más conflictivo del decreto y preservar las reformas económicas que considera fundamentales.
Para la oposición, se trata de una concesión táctica destinada a impedir que el Congreso se pronuncie sobre el conjunto del megadecreto.
La diferencia no es menor: mientras el oficialismo pretende discutir artículos específicos, sus adversarios buscan poner en cuestión la legitimidad política y el alcance de todo el instrumento.
Un Congreso caliente y las calles movilizadas
La sesión especial se desarrollará en una jornada de fuerte tensión política y social.
Además del DNU 70/2023, la oposición pretende avanzar con iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias argentinas.
El debate coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación mantiene enfrentados al Ejecutivo, las universidades y la Justicia.
Así, el Gobierno deberá enfrentar simultáneamente la presión de las bancadas opositoras y las demandas de distintos sectores sociales afectados por sus políticas.
La Casa Rosada apuesta a impedir el quórum y trasladar la discusión a una sesión propia, prevista para el 21 de octubre, en la que intentará tratar el proyecto de propiedad privada con las modificaciones acordadas.
El costo político de retroceder para sobrevivir
La estrategia del oficialismo puede resultar eficaz en términos parlamentarios si consigue evitar el rechazo del DNU. Sin embargo, también exhibe las dificultades de un Gobierno que necesita negociar con sectores a los que frecuentemente cuestiona desde su discurso político.
La restitución de la Ley de Tierras no significa necesariamente un abandono del programa económico libertario. Pero sí representa una concesión importante frente a la resistencia legislativa, judicial y social.
Milei llegó al poder prometiendo una transformación radical de las estructuras económicas argentinas. Su principal herramienta inicial fue precisamente el DNU 70, presentado como una ruptura con décadas de regulaciones estatales.
Casi tres años después, el Presidente enfrenta la posibilidad de que el Congreso desactive ese instrumento y debe recurrir a una legislación kirchnerista para intentar conservarlo.
La ironía tiene una dimensión política difícil de ignorar.
El mismo oficialismo que cuestiona sistemáticamente el legado de Cristina Fernández de Kirchner necesita ahora recuperar una de sus leyes para sostener su propio programa.
Mientras tanto, la oposición enfrenta su propio desafío: transformar el rechazo al decreto en una mayoría parlamentaria efectiva. Las críticas públicas no alcanzan si no se traducen en legisladores sentados en sus bancas.
La definición dependerá, en buena medida, de los bloques provinciales y de los acuerdos que se terminen de cerrar antes de la sesión.
El desenlace todavía está abierto. Si la oposición consigue reunir el quórum y avanzar con el rechazo, Milei enfrentará una derrota institucional de enorme magnitud. Si el oficialismo logra desactivar la sesión, habrá ganado tiempo, aunque al precio de una concesión que contradice una de sus banderas originales.
En cualquier caso, la escena deja una postal singular de la política argentina: un gobierno que llegó para combatir al kirchnerismo intentando salvar su principal decreto mediante una ley de Cristina Kirchner.
A veces, la supervivencia política obliga a guardar la motosierra y buscar, con urgencia, aquello que se había prometido destruir.
