ECONOMÍA | POLÍTICA | INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Una denuncia judicial pone bajo la lupa operaciones financieras que dejaron pérdidas por 1.023 millones de dólares. El abogado Gregorio Dalbón pidió secuestrar documentación, servidores y correos electrónicos del Banco Central para investigar los contratos con el Deutsche Bank, entidad donde trabajaron Luis Caputo y Santiago Bausili. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades, conflictos de intereses o beneficios indebidos.
Hay negocios que salen mal. Hay negocios que salen muy mal. Y después están aquellos que, además de provocar pérdidas millonarias, terminan bajo investigación judicial porque nadie consigue explicar satisfactoriamente quién tomó las decisiones, cómo se eligieron las entidades financieras involucradas y quiénes terminaron beneficiándose.
El manejo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se convirtió en un nuevo foco de controversia para el gobierno de Javier Milei. Una operación financiera que arrojó un resultado negativo de 1.023 millones de dólares durante 2025 derivó en denuncias penales, pedidos de allanamiento y sospechas sobre posibles conflictos de intereses entre las autoridades económicas y el Deutsche Bank.
El abogado Gregorio Dalbón amplió este lunes 19 de octubre una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Solicitó que la Justicia federal ordene un allanamiento de la entidad monetaria para preservar y examinar documentación relacionada con las operaciones cuestionadas.
El expediente, identificado como causa 4971/2026, se encuentra en trámite ante el juez federal Ariel Lijo. La presentación también alcanza a Juan Ernesto Curutchet y Nicolás Marcelo Ferro, integrantes de la conducción del organismo.
Mil millones de dólares que encendieron todas las alarmas
RESULTADO DE LAS OPERACIONES CON DERIVADOS SOBRE ORO EN 2025
US$ 1.023 millones
Pérdida registrada por la Auditoría General de la Nación
La controversia comenzó a adquirir mayor dimensión cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) examinó los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025.
El organismo de control identificó pérdidas por 1.023 millones de dólares derivadas de operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro. De ese total, aproximadamente 960,2 millones correspondieron a resultados negativos por opciones financieras y otros 62,8 millones a primas.
No se trató simplemente de una pérdida contable por la fluctuación del precio del metal. Según la auditoría, las operaciones fueron liquidadas mediante egresos de divisas.
El mecanismo utilizado buscaba proteger al Banco Central frente a una eventual caída del precio internacional del oro. Sin embargo, ocurrió lo contrario: el metal experimentó una fuerte suba y las condiciones de los contratos terminaron generando obligaciones de pago.
El BCRA defendió su estrategia y aseguró que, considerando la valorización del oro y los instrumentos de cobertura, su posición registró una ganancia neta de 2.505 millones de dólares.
Ese argumento introduce una distinción importante: la pérdida de los derivados no equivale a una pérdida global de toda la posición en oro. Pero tampoco elimina las preguntas sobre la conveniencia de las operaciones, sus costos y los procedimientos utilizados para contratarlas.
Deutsche Bank: el pasado que vuelve a incomodar a Caputo
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte de las operaciones.
Según publicaciones periodisticas, a partir de información atribuida a una fuente del Banco Central, la entidad alemana habría participado en los contratos que produjeron las pérdidas millonarias.
El dato adquiere relevancia porque tanto Caputo como Bausili ocuparon cargos importantes en ese banco antes de incorporarse a la administración pública.
La relación laboral anterior no constituye por sí misma un delito ni demuestra que haya existido una contratación irregular. Sin embargo, plantea interrogantes que la investigación judicial busca esclarecer.
¿Quién seleccionó al Deutsche Bank? ¿Qué otras instituciones participaron de las negociaciones? ¿Existió un procedimiento competitivo? ¿Quién autorizó los contratos y bajo qué condiciones?
Y una pregunta todavía más incómoda: ¿hubo intermediarios que cobraron comisiones o recibieron beneficios por facilitar esas operaciones?
La denuncia apunta precisamente a reconstruir ese circuito de decisiones y pagos.
El abogado pidió que se ordene el secuestro o la realización de copias forenses de los servidores informáticos y las casillas de correo electrónico institucional del Banco Central correspondientes a 2024 y 2025.
El objetivo es recuperar comunicaciones, contratos, actas, informes técnicos y registros de acceso que permitan reconstruir cómo se organizaron las operaciones financieras.
La solicitud alcanza a la Presidencia, el Directorio y las áreas vinculadas con mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos.
El denunciante argumenta que la documentación electrónica podría ser modificada o eliminada y considera necesario garantizar su preservación.
También reclama que el Banco Central entregue los informes de riesgo, las valuaciones financieras y las comunicaciones mantenidas con el Ministerio de Economía.
Según informaron fuentes periodisticas, la autoridad monetaria se habría negado a entregar a la AGN copias de los contratos cuestionados.
Hasta el momento, se trata de un pedido de allanamiento presentado ante la Justicia, no de una medida judicial ejecutada. Será el juez quien determine si corresponde ordenar esas diligencias.
¿Quién cobró las comisiones?
Otro capítulo de la investigación apunta a determinar cuánto dinero recibieron las entidades financieras que participaron en las operaciones.
En torno al caso circulan estimaciones de comisiones superiores a 60 millones de dólares, aunque esa cifra todavía requiere comprobación documental.
Por esa razón, Dalbón solicitó que se requiera información al Deutsche Bank sobre los contratos celebrados con el BCRA, los honorarios percibidos, los márgenes financieros y los eventuales pagos a intermediarios.
También pidió consultar a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera.
La presentación incluye una solicitud de cooperación internacional con la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado de valores estadounidense, para investigar posibles pagos vinculados con funcionarios o intermediarios argentinos.
La finalidad es establecer si existieron beneficios indebidos y, en caso afirmativo, identificar a sus destinatarios.
Por ahora, no se ha demostrado judicialmente que esos pagos irregulares hayan ocurrido.
Las reservas argentinas, entre la especulación y la falta de transparencia
La polémica vuelve a colocar en discusión una cuestión fundamental: cuál debe ser el destino de las reservas internacionales de un país.
El oro que administra el Banco Central constituye un activo estratégico del Estado argentino. Su función está vinculada con el respaldo financiero y la capacidad de respuesta frente a situaciones de inestabilidad económica.
En 2024, el traslado al exterior de parte de esas reservas ya había provocado cuestionamientos políticos y pedidos de información.
La controversia se profundizó cuando se conocieron las pérdidas registradas durante 2025.
Para los críticos de la conducción económica, el problema no radica únicamente en el resultado negativo de las operaciones, sino también en la falta de información pública sobre los contratos y las entidades participantes.
El gobierno sostiene, en cambio, que las operaciones respondieron a una estrategia legítima de cobertura de riesgos y que el aumento del precio del oro permitió cerrar el ejercicio con un resultado global favorable.
La discusión técnica es relevante, pero no reemplaza una obligación básica: explicar de manera verificable cómo se administraron los activos públicos y quiénes participaron en las decisiones.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades
La denuncia contempla posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Dalbón también solicitó que los cuatro funcionarios señalados sean convocados a prestar declaración indagatoria.
La presentación judicial no implica que las personas denunciadas hayan cometido esos delitos. La eventual responsabilidad penal dependerá de las pruebas reunidas, las decisiones del tribunal y el desarrollo del proceso.
Lo que ya está documentado es la existencia de un resultado negativo millonario en los instrumentos financieros vinculados con el oro. Lo que falta esclarecer es cómo se adoptaron las decisiones, quiénes fueron todas las contrapartes y si los procedimientos respetaron las normas correspondientes.
Cuando se trata del oro de todos los argentinos, el secreto no alcanza
El caso coloca al gobierno de Milei frente a una contradicción política difícil de disimular.
La administración que convirtió la eficiencia del gasto público en una de sus principales banderas debe ahora explicar por qué el Banco Central asumió una exposición financiera que terminó provocando pérdidas por más de mil millones de dólares en operaciones de cobertura.
También deberá aclarar por qué los detalles contractuales de esas transacciones no han sido difundidos de manera suficiente para despejar las dudas.
La investigación judicial todavía está en una etapa en la que las sospechas deben transformarse en pruebas. No corresponde confundir una denuncia con una condena ni una operación financiera desfavorable con un delito automáticamente demostrado.
Pero tampoco resulta razonable que decisiones de semejante magnitud económica permanezcan fuera de un escrutinio efectivo.
Porque detrás de los contratos, las opciones financieras y los complejos mecanismos de cobertura hay algo mucho más sencillo de comprender: se trata de recursos que pertenecen al Estado argentino.
Y cuando una operación sobre esos recursos arroja pérdidas por 1.023 millones de dólares, la sociedad tiene derecho a conocer los contratos, las decisiones y las responsabilidades.
El oro es argentino. Las explicaciones también se las deben a los argentina.
