El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal contra el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y otro integrante del directorio de la entidad. La presentación se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nación que registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones financieras vinculadas al oro durante 2025. El juez Ariel Lijo deberá evaluar el pedido de detención y las medidas de prueba solicitadas.
El oro de las reservas argentinas quedó en el centro de una controversia judicial que alcanza a dos de los principales responsables de la política económica de Javier Milei. El ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fueron denunciados por presuntas irregularidades en operaciones financieras realizadas durante 2025, que arrojaron un resultado negativo superior a los mil millones de dólares.
El abogado Gregorio Dalbón decidió profundizar la denuncia y solicitó la detención de ambos funcionarios. El planteo también alcanza a Juan Ernesto Curutchet, integrante del directorio del Banco Central y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.
La presentación quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
El pedido de detención no constituye una orden judicial ni implica que los funcionarios hayan cometido los delitos denunciados. Será la Justicia la encargada de determinar si existen elementos para avanzar con las medidas solicitadas y establecer eventuales responsabilidades.
Lo que ya aparece documentado es un resultado financiero negativo de considerable magnitud que exige reconstruir cómo se realizaron las operaciones y cuáles fueron sus objetivos.
Los 1.023 millones de dólares que encendieron las alarmas
El punto de partida de la denuncia es un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025.
La auditoría identificó un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones con instrumentos financieros derivados vinculados al oro de las reservas.
De ese total, aproximadamente 960,2 millones correspondieron al resultado negativo de opciones financieras y otros 62,8 millones al pago de primas.
La cifra representa una magnitud considerable para una economía que enfrenta restricciones externas y necesita fortalecer sus reservas internacionales.
Sin embargo, existe una distinción importante: un resultado negativo en operaciones con derivados no demuestra por sí solo una pérdida patrimonial neta equivalente ni la comisión de un delito. Para determinar el efecto económico total es necesario analizar la estrategia de cobertura, los contratos y la evolución del valor del activo protegido.
De hecho, durante 2025 la tenencia de oro del Banco Central también registró una importante ganancia por diferencias de cotización, producto de la suba del precio internacional del metal.
Por eso, la investigación deberá establecer si las operaciones respondieron a una estrategia financiera razonable, si se respetaron los mecanismos de control y si efectivamente existió un perjuicio para el Estado.
Qué hizo el Banco Central con el oro
Las operaciones cuestionadas involucraron instrumentos conocidos como derivados financieros, contratos cuyo valor depende de la evolución de otro activo, en este caso el oro.
Este tipo de herramientas puede utilizarse para proteger una inversión frente a cambios de precios, administrar riesgos o desarrollar estrategias financieras de mayor complejidad.
Una de las posibilidades mencionadas en la denuncia es la utilización de una estructura de cobertura conocida como collar, que combina la compra y venta de opciones.
En términos sencillos, permite establecer límites a las pérdidas o ganancias asociadas a la variación del precio de un activo.
Pero su funcionamiento depende de las condiciones pactadas, los precios de ejercicio, las primas y los riesgos asumidos.
La existencia de una estrategia de cobertura no demuestra automáticamente que haya existido una maniobra especulativa irregular. Tampoco garantiza que todas las decisiones hayan sido convenientes.
Precisamente, la investigación busca acceder a los contratos para determinar qué se hizo, por qué se hizo y cuáles fueron las consecuencias para las reservas argentinas.
Por qué Dalbón pidió las detenciones
La ampliación de la denuncia incorporó un pedido de detención contra Caputo, Bausili y Curutchet.
Dalbón argumentó que los funcionarios ocupan posiciones desde las cuales podrían acceder a documentación relevante para la causa.
En su presentación sostuvo que existe un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido a que las pruebas principales se encuentran en organismos que los denunciados conducen o integran.
Entre los documentos mencionados aparecen contratos financieros, actas del directorio, informes técnicos, evaluaciones de riesgo y comunicaciones entre el Ministerio de Economía y el Banco Central.
El abogado también planteó la necesidad de analizar un eventual riesgo de fuga, teniendo en cuenta la magnitud económica de las operaciones investigadas y las relaciones internacionales vinculadas a las funciones de los denunciados.
Estos argumentos deberán ser examinados por el juez. La sola condición de funcionario público o la posibilidad de acceder a documentación no bastan automáticamente para justificar una detención preventiva.
En caso de que el magistrado rechace las detenciones, el denunciante propuso medidas alternativas, como restricciones para salir del país, limitaciones de acceso a determinada documentación y prohibiciones de contacto con personas vinculadas a la investigación.
Caputo, Bausili y las decisiones sobre las reservas
Uno de los aspectos centrales de la causa será determinar qué responsabilidad tuvo cada funcionario en las operaciones.
En el caso de Santiago Bausili, la investigación apunta a establecer su participación en la autorización, aprobación o ejecución de los contratos financieros.
Respecto de Juan Curutchet, se busca conocer si intervino en las decisiones del directorio, en los mecanismos de supervisión o en el control de los riesgos.
La situación de Luis Caputo presenta una particularidad institucional.
El Banco Central posee autonomía legal respecto del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, la denuncia pretende determinar si el ministro intervino en la definición de la estrategia, impartió instrucciones o participó en decisiones relacionadas con la administración del oro.
La existencia de coordinación entre funcionarios no constituye necesariamente una irregularidad. Lo que deberá esclarecerse es si hubo intervenciones incompatibles con las competencias legales o decisiones que ocasionaron un perjuicio indebido.
Los documentos que podrían definir la causa
La presentación judicial solicita una serie de medidas destinadas a reconstruir el recorrido de las operaciones.
Entre ellas figura la incorporación del informe completo de la AGN, junto con sus papeles de trabajo y la documentación contable que respalda las conclusiones.
También se requirió acceder a las actas del Banco Central, los contratos celebrados con entidades financieras, los informes de riesgo y las constancias de los pagos realizados.
Dalbón pidió que declaren los auditores que participaron en la revisión de los estados contables y el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos.
Además, solicitó una pericia contable para determinar el funcionamiento de los instrumentos utilizados y evaluar si las operaciones respondieron a una cobertura financiera efectiva.
La investigación también deberá identificar las contrapartes que participaron de los contratos y establecer cuáles fueron las condiciones acordadas.
Esa documentación será fundamental para distinguir entre una operación financiera que produjo un resultado adverso y una conducta que pudiera configurar un delito.
Un nuevo frente judicial para el equipo económico
La denuncia aparece en un momento en que el Gobierno necesita fortalecer la confianza en su programa económico y garantizar la disponibilidad de divisas.
La administración de las reservas internacionales ocupa un lugar central en ese objetivo.
El oro constituye uno de los activos de respaldo del Banco Central y su utilización mediante instrumentos financieros requiere procedimientos de evaluación y control.
La controversia también plantea una discusión sobre la transparencia de las decisiones económicas.
El manejo de activos públicos de semejante magnitud exige información suficiente para que los organismos de control y la Justicia puedan examinar las decisiones adoptadas.
Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa en la que deben evaluarse las medidas solicitadas y reunirse documentación.
No existe una resolución judicial que haya ordenado detener a los funcionarios ni una determinación de responsabilidad penal.
La pregunta que deberá responder la Justicia
El expediente coloca bajo análisis una serie de decisiones financieras que involucran recursos públicos y a funcionarios de máxima responsabilidad.
El resultado negativo registrado por la AGN constituye el punto de partida de la investigación, pero no reemplaza la necesidad de establecer el contexto completo de las operaciones.
La Justicia deberá determinar si los contratos se ajustaron a las normas, si existieron controles adecuados y si las decisiones adoptadas provocaron un perjuicio patrimonial atribuible a conductas ilícitas.
También deberá resolver si existen fundamentos concretos para aplicar medidas restrictivas contra los denunciados.
Mientras tanto, el episodio abre un debate sobre cómo se administran las reservas argentinas y qué mecanismos de rendición de cuentas existen sobre las operaciones financieras del Banco Central.
El oro argentino está bajo examen judicial. La cuestión de fondo ya no es solamente cuánto costaron las operaciones, sino quién tomó las decisiones, qué riesgos se aceptaron y si se protegieron adecuadamente los intereses del Estado.
