En Diputados cuestionaron el manejo de los fondos destinados al sistema vial y advirtieron sobre el deterioro de las rutas nacionales. El debate volvió a poner en el centro de la escena la decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir al mínimo la inversión en infraestructura.
La obra pública volvió a ocupar el centro de la discusión política en el Congreso. Durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, legisladores y funcionarios provinciales cuestionaron el manejo de los recursos destinados a la infraestructura vial y señalaron un dato que sintetiza el estado de situación: el Gobierno nacional lleva tres años sin inaugurar un solo kilómetro de ruta.
La denuncia fue planteada durante el debate sobre el destino de los fondos fiduciarios destinados a obras públicas, particularmente los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial). La discusión expuso una de las consecuencias más visibles de la política de ajuste aplicada por la administración de Javier Milei: la paralización o ralentización de numerosos proyectos de infraestructura que durante años estuvieron bajo responsabilidad del Estado nacional.
Katopodis cuestionó el estado de las rutas
Uno de los principales expositores fue el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien puso el foco en el deterioro de las rutas nacionales y en la falta de inversión para mantener y ampliar la infraestructura vial.
El reclamo se inscribe en una disputa más amplia entre el Gobierno nacional y las provincias. Mientras la Casa Rosada sostiene que el Estado debe concentrarse en sus funciones esenciales y reducir el gasto considerado improductivo, los gobiernos provinciales advierten que la falta de inversión nacional termina trasladando los costos a las jurisdicciones.
Las rutas, en ese sentido, son uno de los ejemplos más concretos. Su deterioro no sólo afecta la circulación de personas: también impacta sobre el transporte de mercancías, la producción agropecuaria, la actividad industrial y el turismo.
El fondo vial, en el centro de la polémica
La discusión legislativa también puso bajo la lupa el destino de los recursos del Sisvial. Según los cuestionamientos planteados durante la reunión, existe preocupación por el uso de fondos que tienen como objetivo financiar infraestructura vinculada con el sistema vial.
El debate adquiere particular relevancia porque la política de ajuste del Gobierno modificó de manera profunda el esquema de financiamiento de la obra pública.
Desde el comienzo de la gestión de Milei, la administración nacional redujo drásticamente la ejecución de obras financiadas directamente por el Estado. El argumento oficial fue que el país no podía continuar destinando recursos públicos a proyectos que, según el Gobierno, debían ser ejecutados por el sector privado.
El problema es que el reemplazo de la inversión estatal por inversión privada no se produjo al ritmo esperado. Y mientras las obras permanecen paralizadas, la infraestructura existente continúa deteriorándose.
La paradoja de un país que necesita rutas
Argentina tiene una extensa red vial y una economía profundamente dependiente del transporte terrestre. Buena parte de la producción nacional circula por rutas: desde los granos y alimentos hasta insumos industriales y productos destinados a la exportación.
Por eso, el estado de las rutas no es una cuestión exclusivamente de infraestructura. También es una cuestión económica.
Una ruta deteriorada aumenta los tiempos de viaje, eleva los costos de mantenimiento de los vehículos y puede generar mayores riesgos para quienes circulan. Para las economías regionales, además, una infraestructura deficiente puede significar una pérdida de competitividad.
En ese contexto, la ausencia de nuevas inauguraciones durante años aparece como un indicador de una política que privilegia el equilibrio fiscal por encima de la expansión de la infraestructura.
Provincias contra el abandono de la obra pública
La tensión entre Nación y provincias se vuelve cada vez más evidente. Los gobernadores reclaman recursos para obras que consideran indispensables para sostener la actividad económica y mejorar los servicios.
La Nación, en cambio, mantiene su política de reducción del gasto y busca que las provincias y el sector privado asuman un papel mayor en el financiamiento de infraestructura.
El conflicto no es nuevo, pero se profundizó durante la gestión libertaria.
El Gobierno sostiene que durante décadas la obra pública fue utilizada como herramienta de corrupción y distribución discrecional de recursos. Desde esa perspectiva, el recorte forma parte de una transformación estructural del Estado.
Sus críticos responden que eliminar la inversión pública sin garantizar mecanismos alternativos genera un vacío que termina afectando directamente a la población.
Una infraestructura que se deteriora
La falta de nuevas rutas tiene una segunda consecuencia: mientras no se construye infraestructura nueva, también resulta necesario conservar la existente.
Ese mantenimiento requiere recursos constantes. Bacheo, repavimentación, señalización, iluminación, banquinas y reparación de puentes forman parte de una infraestructura que necesita atención permanente.
Cuando esas tareas se postergan, el deterioro se acumula y la eventual recuperación se vuelve más costosa.
La discusión que llegó al Congreso plantea, por lo tanto, una pregunta que excede el debate presupuestario: ¿Qué infraestructura necesita la Argentina para sostener su crecimiento y quién debe financiarla?
El ajuste también se mide en kilómetros
La discusión sobre la obra pública suele expresarse en cifras presupuestarias, porcentajes de ejecución o partidas congeladas. Pero el dato de los kilómetros permite traducir el impacto de esas decisiones a una medida concreta.
Cuatro años sin inaugurar un solo kilómetro de ruta constituyen, desde esta perspectiva, una señal del cambio de prioridades impulsado por el Gobierno nacional.
El oficialismo apuesta a que el sector privado ocupe el espacio que deja el Estado. Sus detractores advierten que no todas las obras son rentables y que existen corredores estratégicos que requieren inversión pública porque su beneficio social y productivo excede cualquier cálculo empresario.
La discusión recién comienza a profundizarse en el Congreso.
Mientras tanto, las rutas siguen allí: soportando el tránsito de camiones, colectivos, automóviles y maquinaria agrícola, pero con una infraestructura que, según las denuncias formuladas en Diputados, lleva años sin recibir el impulso necesario para crecer y renovarse.
El debate sobre la obra pública, finalmente, vuelve a poner frente a frente dos modelos de Estado. Uno que considera que la inversión en infraestructura es una responsabilidad central del sector público y otro que pretende reducirla al mínimo y dejar su expansión en manos del mercado.
En el medio quedan los kilómetros de rutas que no se construyeron, las obras que esperan y una red vial que continúa siendo indispensable para que la economía argentina pueda moverse.
