En una jornada atravesada por intensas negociaciones políticas y acuerdos de último momento con gobernadores, el gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados la media sanción al proyecto que recorta los subsidios al gas natural por Zonas Frías. La iniciativa fue aprobada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, y representa uno de los principales objetivos del programa de ajuste impulsado por la Casa Rosada.
El oficialismo celebró la medida como un avance hacia el equilibrio fiscal, asegurando que permitirá un ahorro de $272.099 millones para el Estado nacional. Sin embargo, la decisión despertó fuertes cuestionamientos de sectores opositores, organizaciones sociales y especialistas en energía, que advirtieron sobre el impacto que tendrá sobre millones de hogares de ingresos medios y bajos que perderán parte de la asistencia estatal en medio de una profunda crisis económica y tarifaria.
La votación dejó además en evidencia el rol clave de los aliados parlamentarios y gobernadores provinciales que terminaron respaldando la iniciativa libertaria luego de arduas negociaciones con el Ejecutivo nacional. Según trascendió desde el Congreso, la Casa Rosada ofreció “compensaciones” mediante subsidios eléctricos para las denominadas “zonas cálidas”, especialmente dirigidas a provincias del norte argentino como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santa Fe y Misiones.
Detrás del discurso oficial sobre el orden fiscal, distintos legisladores denunciaron un mecanismo de presión política basado en intercambios de recursos y promesas presupuestarias para garantizar votos favorables. “Estuvieron pidiendo de todo, como siempre”, reconocieron incluso desde sectores cercanos al oficialismo.
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza limita la bonificación de hasta el 50% en la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, dejando afuera a millones de usuarios incorporados durante la ampliación del régimen aprobada en 2021. Aquella reforma había extendido el beneficio a partir de criterios bioambientales y permitió que unos 4 millones de hogares accedieran a tarifas reducidas.
Con la nueva modificación, numerosas localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza y Salta perderán el beneficio, en una decisión que para muchos sectores representa un nuevo golpe al poder adquisitivo de familias trabajadoras, jubilados y sectores vulnerables que ya enfrentan aumentos sostenidos en alimentos, medicamentos y servicios públicos.
Aunque desde el Gobierno sostienen que quienes realmente necesiten ayuda podrán acceder al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), críticos de la medida advierten que los sistemas de segmentación suelen dejar afuera a miles de personas por trabas burocráticas, falta de acceso digital o incompatibilidades administrativas.
La sesión también volvió a mostrar el respaldo parlamentario que continúa recibiendo Milei por parte de bloques que durante la campaña electoral se presentaban como opositores. El PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y otros espacios provinciales acompañaron el recorte, consolidando una alianza legislativa que le permite avanzar al oficialismo con reformas de fuerte impacto social.
Mientras tanto, organizaciones sociales y referentes de distintas provincias alertaron que la política de ajuste del Gobierno profundiza un modelo de exclusión que descarga el peso de la crisis sobre los sectores medios y populares, mientras el Ejecutivo prioriza el cumplimiento de metas fiscales exigidas por los mercados y organismos internacionales.
Ahora el proyecto será tratado en el Senado, donde las provincias buscarán renegociar condiciones con la Casa Rosada y donde se anticipa una nueva etapa de tensión política en torno al costo social del ajuste energético impulsado por el gobierno nacional.
