Los libertarios consiguieron 138 votos para la ley Hojarasca, que barre con protecciones a sectores de la industria, con apoyo de Provincias Unidas, el PRO y la UCR.
El gobierno consiguió este miércoles 138 votos a favor para la media sanción de la ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, una iniciativa de Federico Sturzenegger para barrer con la protección de distintos sectores de la industria argentina.
El articulado de la norma arrasa con regulaciones que el oficialismo considera obsoletas pero la oposición advierte que defienden intereses nacionales, como empresas que Javier Milei pretendía privatizar con la primera versión de la ley Omnibus, entre las cuales se contaban Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Arsat.
Martín Menem sometió el proyecto a votación a las 14:29 y logró el apoyo no sólo de la bancada libertaria, sino también del PRO, la UCR, los catamarqueños de Raúl Jalil, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los aliados del MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los salteños y los misioneros de Innovación Federal, que responden a Gustavo Sáenz y Carlos Rovira. Además, votaron por la afirmativa la santafecina Gisela Scaglia y la cordobesa Alejandra Torres, integrantes del interbloque de Provincias Unidas.
En ese armado, por lo demás, se abstuvo la mayoría. Entre los neutrales se ubicaron Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, legisladores de Martín Llaryora, el santafecino Pablo Farías, los radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta y María Inés Zigarán, el lilito Maximiliano Ferraro y Nicolás Massot.
Los peronistas optaron por el rechazo, al igual que los cuatro diputados del FIT, más Mónica Frade, los cordobeses Luis Brugge y Natalia De la Sota, el puntano Jorge "Gato" Fernández. Sólo juntaron 96 voluntades, quedando 42 votos abajo del oficialismo.
Durante su intervención, Brugge señaló que la tarea que quiso emprender el Ministerio de Modernización ya fue realizada en 1999 por el Estado nacional, luego de lanzar una licitación internacional que terminó ganando la UBA. Como saldo de aquella iniciativa, se realizó el Digesto Jurídico Normativo, algo que calificó como "un esfuerzo muy grande en Argentina".
En defensa del proyecto, opinó el fueguino Santiago Pauli, que sintetizó su postura en una metáfora que tomó prestada del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. "Vinimos a terminar con la inflación económica y vamos a terminar también con la inflación legislativa", dijo Pauli.
