Tres camaristas viajaron con la comitiva presidencial para exponer ante la Cámara Internacional de Comercio. La apuesta oficial busca presentar a la Argentina como un destino confiable para los negocios, pero el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras abrió una contradicción difícil de disimular: ¿cómo se garantiza previsibilidad jurídica cuando las decisiones del máximo tribunal generan semejante controversia?
Javier Milei viajó a Francia con una misión económica y política: convencer a los inversores internacionales de que la Argentina ofrece condiciones para hacer negocios. En esa estrategia, el Gobierno decidió incorporar un componente tan particular como sensible: tres jueces argentinos formaron parte de la comitiva para explicar las supuestas fortalezas del sistema judicial y las garantías que ofrece el país.
Los elegidos fueron Sergio Fernández, Richar Fernando Gallego y Eduardo Farah, magistrados con responsabilidades en fueros estratégicos de la Justicia federal. Este viernes tenían previsto participar de una actividad de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), en París, dedicada a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho como condiciones para el desarrollo de inversiones.
La escena, sin embargo, quedó atravesada por una coincidencia incómoda para la Casa Rosada. Mientras el Gobierno se prepara para promocionar la seguridad jurídica argentina ante empresarios extranjeros, la Corte Suprema acaba de adoptar una decisión que reabrió el conflicto por la derogación de la Ley de Tierras y provocó fuertes cuestionamientos sobre el alcance de sus argumentos.
La paradoja es evidente: el oficialismo quiere vender previsibilidad institucional en el exterior mientras, dentro del país, se multiplican las controversias sobre el funcionamiento de las instituciones.
Los jueces que eligió la Casa Rosada
La selección de los magistrados no fue un detalle protocolar. Cada uno ocupa un lugar relevante dentro de la estructura judicial argentina.
Sergio Fernández es camarista del fuero contencioso administrativo federal, donde se tramitan numerosas causas contra el Estado nacional. Se trata de un ámbito especialmente sensible para un Gobierno que impulsa reformas económicas, desregulaciones y cambios normativos que suelen terminar en los tribunales.
Richar Fernando Gallego preside la Cámara Federal de General Roca, cuya jurisdicción incluye la región de Vaca Muerta, uno de los territorios centrales para la expansión de la industria hidrocarburífera y las inversiones energéticas.
Eduardo Farah, por su parte, integra la Cámara Federal porteña, con sede en Comodoro Py, donde se revisan decisiones de investigaciones penales de alto impacto político y económico.
La presencia de los tres permite al Gobierno mostrar interlocutores judiciales vinculados con áreas fundamentales para su programa: los litigios contra el Estado, los recursos energéticos y las causas penales que involucran a funcionarios y empresarios.
Pero también abre una discusión sobre el mensaje que se pretende transmitir. La seguridad jurídica no depende solamente de la existencia de jueces, sino de la independencia de los tribunales, la estabilidad de las reglas y la aplicación de procedimientos previsibles, incluso cuando las decisiones judiciales contradicen los intereses del Gobierno.
La Corte, un problema en medio de la promoción
El viaje se produjo pocas horas después de que la Corte Suprema revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley de Tierras.
La decisión volvió a dejar operativo el artículo cuestionado y reavivó el debate sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia. Posteriormente, el máximo tribunal difundió un comunicado para aclarar que no había resuelto la cuestión de fondo, sino un aspecto procesal relacionado con la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata para promover la demanda.
El episodio generó cuestionamientos en ámbitos judiciales y académicos. La disusión no se limita al resultado concreto sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros: también alcanza la forma en que el máximo tribunal fundamentó su decisión y las consecuencias institucionales que produjo.
En ese contexto, la tarea de los camaristas en París adquiere otra dimensión.
Un magistrado puede explicar el funcionamiento de la Justicia argentina, pero difícilmente pueda despejar por sí solo las dudas que surgen de una controversia protagonizada por el máximo tribunal del país.
El RIGI y la promesa de un país para invertir
La presencia judicial en París forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para atraer capitales extranjeros.
Uno de los instrumentos centrales es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para ofrecer beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a determinados proyectos de gran escala.
El régimen contempla mecanismos específicos para resolver controversias, entre ellos el arbitraje bajo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio. La participación de la ICC en la agenda oficial resulta, por lo tanto, relevante para el esquema de inversiones que impulsa la administración libertaria.
La apuesta de Milei consiste en presentar a la Argentina como un país capaz de ofrecer recursos naturales, oportunidades de negocios y reglas favorables para el capital internacional.
El problema es que la estabilidad jurídica no se construye únicamente con incentivos económicos. También requiere que las normas sean claras, que los cambios regulatorios respeten los procedimientos constitucionales y que los conflictos se resuelvan mediante instituciones independientes.
La previsibilidad, en definitiva, no consiste en garantizar que las decisiones siempre favorezcan a los inversores, sino en asegurar que las reglas sean conocidas y que se apliquen de manera consistente.
Los tribunales que también deben controlar al Gobierno
La elección de los expositores tiene otra particularidad: dos de los fueros representados en París intervienen en asuntos que pueden afectar directamente al Poder Ejecutivo.
El contencioso administrativo federal revisa decisiones estatales y puede frenar medidas del Gobierno cuando encuentra fundamentos jurídicos para hacerlo. La Cámara Federal porteña, por su parte, participa en la revisión de causas penales que involucran a funcionarios públicos.
En ese escenario, la independencia judicial no es un asunto secundario para los inversores. Es parte de las garantías que permiten determinar qué sucede cuando una empresa, un ciudadano o una institución considera que el Estado incumplió la ley.
El Gobierno necesita tribunales capaces de ofrecer respuestas previsibles. Pero esa previsibilidad pierde valor si se interpreta como una garantía de que los jueces acompañarán el programa económico de la administración de turno.
La seguridad jurídica debe funcionar también cuando el Estado pierde un juicio.
Un mensaje hacia afuera y otro hacia adentro
La participación de los jueces en la delegación presidencial puede leerse como un intento de transmitir confianza a los mercados internacionales. En lugar de limitar la promoción a funcionarios económicos y empresarios, la Casa Rosada incorpora a magistrados para mostrar que el país dispone de instituciones capaces de respaldar las inversiones.
La iniciativa, sin embargo, ocurre en un momento de tensión entre los poderes del Estado.
La Corte Suprema quedó bajo cuestionamiento por su fallo sobre la Ley de Tierras. Al mismo tiempo, el Gobierno busca sostener que el país atraviesa una etapa de normalización institucional y que las reformas económicas cuentan con un marco jurídico confiable.
El contraste también se refleja en el plano interno: mientras el Ejecutivo procura atraer capitales, distintas decisiones judiciales mantienen abiertos conflictos sobre universidades, regulaciones económicas y medidas adoptadas mediante decretos.
No se trata de que una controversia judicial vuelva automáticamente inviable una inversión. Se trata de que la fortaleza de las instituciones se mide, precisamente, por su capacidad para tramitar esas controversias sin subordinación política.
La seguridad jurídica no se exporta en una valija
El Gobierno apuesta a que el RIGI, la desregulación económica y la promoción internacional de los recursos naturales permitan atraer inversiones de gran escala. En ese esquema, la presencia de jueces en París busca reforzar la imagen de una Argentina institucionalmente confiable.
Pero la credibilidad de un sistema judicial no se define en una exposición ante empresarios ni en una declaración conjunta con una organización internacional. Se construye con decisiones fundadas, independencia frente al poder político, respeto por los procedimientos y cumplimiento efectivo de las sentencias.
Los magistrados argentinos podrán explicar ante la Cámara Internacional de Comercio cómo funciona el sistema judicial. La pregunta es si esa presentación alcanzará para despejar las dudas que el propio funcionamiento de las instituciones viene generando.
Milei busca inversiones y necesita convencer al capital de que la Argentina ofrece reglas estables. Sin embargo, la seguridad jurídica no es una consigna de campaña económica: es una práctica institucional que debe sostenerse incluso cuando sus consecuencias resultan incómodas para el Gobierno.
Y esa es la prueba que la comitiva argentina lleva consigo a París.
