El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) volvió a priorizar el blindaje
de sus funcionarios por encima de las necesidades populares
Logrando en la Cámara de Diputados una maniobra parlamentaria para salvar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de ser interpelado por la oposición. En una sesión marcada por una evidente «mala fe», el gobierno montó una agenda exprés para desarticular el debate sobre el dramático desfinanciamiento de las universidades públicas y el recorte en los medicamentos para jubilados.
Como moneda de cambio para garantizar el quórum y consumar el ajuste, el oficialismo avanzó con la media sanción del desguace de la Ley de Zona Fría. A través de burdas negociaciones que incluyeron bonificaciones adicionales para algunas provincias del norte, Milei consiguió los votos necesarios para vaciar de contenido una norma protectora. El resultado directo de esta entrega será un tarifazo brutal: se estima que las facturas de gas para los habitantes de la Patagonia y otras zonas frías aumentarán entre un 40% y un 60%, afectando de manera indiscriminada incluso a los usuarios de menores recursos económicos.
Para completar la jornada de retroceso legislativo, los bloques aliados del PRO y la UCR se alinearon sumisamente con el gobierno para aprobar la denominada «Ley de Hojarasca». Detrás del relato oficial de buscar una supuesta simplificación burocrática y eliminar regulaciones obsoletas, este proyecto redactado por Federico Sturzenegger esconde un ataque explícito a la soberanía cultural e industrial del país. Entre los puntos más graves, la norma deroga los topes de participación extranjera en los medios de comunicación y elimina barreras protectoras en sectores estratégicos, dejando en claro que la agenda del Congreso está siendo digitada por corporaciones económicas que aprovechan la debilidad institucional de la actual gestión.
La polémica media sanción a la reforma de la Ley de Zona Fría expuso cómo el Gobierno nacional negoció con gobernadores aliados para recortar un beneficio universal de más de 20 años, a costa de trasladar aumentos drásticos a millones de hogares en medio de temperaturas extremas.
- Provincia de Buenos Aires: Es el territorio con mayor volumen de afectados. Más de 90 municipios bonaerenses (incluyendo el interior y la Costa Atlántica) pierden el beneficio automático, golpeando a cerca de 637.000 hogares.
- Córdoba: Alrededor de 688.000 hogares quedarán fuera del descuento automático (incluyendo la capital y 13 localidades), exponiendo a más de 2,2 millones de habitantes a tarifazos superiores al 100% en invierno.
- Mendoza: La provincia queda completamente excluida, excepto el departamento de Malargüe. Unas 400.000 familias sufrirán el impacto tarifario.
- Santa Fe: Más de 268.000 usuarios del centro-sur santafesino pierden la cobertura indiscriminada.
- Salta: Departamentos como Capital, Cafayate, Rosario de Lerma, Chicoana y La Caldera pierden el beneficio generalizado, afectando a decenas de miles de usuarios en plena ola de frío.
- Región Patagónica (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego): Aunque conservan parte del esquema por sus condiciones climáticas extremas, el cambio en el cálculo del subsidio —que ahora aplicará solo sobre el precio del gas y no sobre el transporte o distribución— implicará aumentos en las facturas de entre el 40% y el 60% para todos los usuarios.
