No hay discursos que hagan funcionar una caldera sin gas. Tampoco cadenas nacionales que mantengan encendidos los hornos de una fábrica cuando la presión en los gasoductos no alcanza. La realidad tiene una particularidad incómoda para cualquier gobierno: siempre termina imponiéndose sobre el relato.
Mientras la administración de Javier Milei insiste en exhibir el equilibrio fiscal como la medida de todas las cosas, la Argentina industrial atraviesa una paradoja difícil de explicar. El país que posee una de las mayores reservas de gas no convencional del planeta volvió a restringir el suministro a las fábricas porque la infraestructura necesaria para transportar esa energía quedó atrapada entre la motosierra presupuestaria y la decisión política de congelar la obra pública.
El ajuste puede cerrar una planilla de Excel. Pero los gasoductos no se construyen con superávit contable sino con inversión. Y cuando esa inversión desaparece, el costo reaparece multiplicado: producción detenida, importaciones de Gas Natural Licuado a precios más elevados y empresas obligadas a reducir o paralizar su actividad. La factura que el Estado evita pagar hoy termina llegando por otra ventanilla.
El Gobierno sostiene que la prioridad es eliminar el déficit y dejar que el mercado asigne eficientemente los recursos. Sin embargo, la infraestructura energética constituye uno de esos casos donde el mercado rara vez actúa por sí solo. Un gasoducto no es una aplicación tecnológica que aparece por iniciativa privada; requiere planificación, financiamiento y continuidad estatal durante años. Romper esa continuidad tiene consecuencias que no distinguen ideologías.
La crisis expone una contradicción central del modelo libertario. Se celebró el freno de la obra pública como símbolo de austeridad. Pero cuando llega el invierno, la ausencia de esas obras deja de ser un concepto económico para convertirse en un problema productivo. Las industrias reducen turnos, algunas frenan completamente su actividad y miles de trabajadores observan cómo decisiones tomadas en los despachos nacionales impactan directamente sobre la estabilidad de sus empleos.
No se trata únicamente de una discusión sobre caños o válvulas. Es una discusión acerca del rol del Estado en sectores estratégicos. La energía no admite improvisaciones. Lo que no se construye durante meses termina faltando en los días de mayor demanda.
La administración Milei suele atribuir las dificultades a la pesada herencia recibida. Es cierto que el sistema energético argentino arrastra décadas de decisiones erráticas, demoras e inversiones incompletas de distintos gobiernos. Pero gobernar implica administrar esa herencia y resolver sus consecuencias, no convertirlas en una explicación permanente. Cada obra paralizada deja de pertenecer al gobierno anterior desde el momento en que se decide no terminarla.
La escasez de gas deja una enseñanza que trasciende la coyuntura. Hay gastos que pueden reducirse y otros que constituyen inversión estratégica. Confundir unos con otros puede ofrecer réditos fiscales de corto plazo, pero genera costos económicos mucho mayores cuando la realidad presenta la cuenta.
Las fábricas apagadas no son una metáfora. Son el síntoma de una política que convirtió a la infraestructura en una variable de ajuste. Y en un país que aspira a industrializar el potencial de Vaca Muerta, resulta una ironía difícil de ignorar: sobra gas bajo tierra, pero falta decisión política para llevarlo hasta donde se lo necesita.
