En un nuevo pronunciamiento, referentes eclesiásticos expresaron su preocupación por el proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Advirtieron sobre el impacto que podría tener en los sectores más vulnerables y reclamaron que las reformas económicas no se desentiendan de la dimensión social.
La relación entre el Gobierno nacional y la Iglesia católica volvió a atravesar un momento de tensión. A través de un nuevo pronunciamiento, distintos referentes eclesiásticos cuestionaron la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y advirtieron que las transformaciones económicas no pueden avanzar sin contemplar sus consecuencias sobre las personas más vulnerables.
El documento representa una nueva intervención pública de la Iglesia en el debate sobre las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei. Durante los últimos meses, obispos y organismos pastorales manifestaron reiteradamente su preocupación por el aumento de la pobreza, la pérdida del empleo, el deterioro de los ingresos y el debilitamiento de distintos programas de asistencia social.
En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la propuesta promovida por Sturzenegger, que para los representantes eclesiásticos plantea interrogantes sobre la protección de derechos y el papel que debe desempeñar el Estado frente a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
"La economía debe estar al servicio de la persona"
El eje del pronunciamiento retoma uno de los principios históricos de la doctrina social de la Iglesia: la economía no puede evaluarse únicamente por indicadores fiscales o financieros, sino también por su capacidad para garantizar el bien común.
Los referentes eclesiásticos sostuvieron que cualquier proceso de modernización del Estado debe preservar los derechos sociales, fortalecer los mecanismos de solidaridad y evitar que los sectores con menores recursos soporten el mayor peso de los ajustes.
Desde esa perspectiva, remarcaron que la eficiencia administrativa no constituye un objetivo suficiente si no va acompañada por políticas capaces de proteger a quienes se encuentran en situación de pobreza, desempleo o exclusión.
El mensaje también recordó que el desarrollo económico y el crecimiento de las inversiones sólo adquieren sentido cuando se traducen en mejores condiciones de vida para toda la población y no únicamente para determinados sectores.
Continuidad de una postura crítica
No se trata de un posicionamiento aislado.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Iglesia expresó en distintas oportunidades reparos frente a algunas medidas económicas y sociales impulsadas por el Ejecutivo.
Obispos de diferentes diócesis, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina y numerosos equipos de pastoral social insistieron en la necesidad de preservar el diálogo democrático, fortalecer las políticas destinadas a combatir la pobreza y evitar que las reformas económicas profundicen la desigualdad.
La institución también manifestó preocupación por el incremento de personas que recurren diariamente a comedores comunitarios y parroquiales, una realidad que, aseguran, se percibe con claridad en numerosos barrios populares del país.
Una mirada basada en la doctrina social
El documento difundido por la Iglesia recupera conceptos presentes desde hace décadas en la doctrina social católica y que fueron reafirmados tanto por el papa Francisco como por sus predecesores.
Entre ellos aparece el principio de que el mercado constituye una herramienta importante para generar riqueza, pero no puede reemplazar la responsabilidad del Estado ni la obligación colectiva de garantizar condiciones de vida dignas para toda la sociedad.
También se insiste en que las decisiones económicas deben analizarse a la luz de sus efectos concretos sobre las familias, los trabajadores, los jubilados y quienes viven en condiciones de mayor fragilidad social.
Para los referentes eclesiásticos, una reforma estructural sólo puede consolidarse si incorpora criterios de justicia social, participación y solidaridad.
Las respuestas del oficialismo
Desde el Gobierno sostienen que las medidas impulsadas por Federico Sturzenegger apuntan a reducir regulaciones, simplificar estructuras administrativas y eliminar trabas burocráticas que, según su diagnóstico, dificultan el crecimiento económico y la generación de empleo.
El oficialismo argumenta que la reducción del gasto público y la desregulación permitirán consolidar una economía más dinámica y atraer inversiones, generando beneficios de largo plazo para toda la sociedad.
Sin embargo, las críticas provenientes de la Iglesia vuelven a introducir una discusión que trasciende el plano económico: cuál debe ser el equilibrio entre la eficiencia del Estado y la protección de quienes dependen de políticas públicas para garantizar derechos básicos.
Un actor con peso en el debate público
Aunque evita intervenir en la disputa partidaria, la Iglesia mantiene una presencia constante en las discusiones sobre las principales políticas públicas del país.
Su trabajo cotidiano en parroquias, comedores, centros barriales y organizaciones sociales le permite tener contacto directo con las consecuencias de las crisis económicas, una experiencia que suele trasladar a sus pronunciamientos públicos.
El nuevo cuestionamiento a la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger confirma esa línea de intervención. Más que un rechazo técnico a una reforma específica, el mensaje constituye una advertencia sobre la necesidad de que las decisiones económicas tengan como horizonte la dignidad humana, el cuidado de los más vulnerables y la construcción del bien común.
En un contexto de fuerte ajuste fiscal y profundos cambios en la estructura del Estado, la Iglesia vuelve a plantear que el equilibrio de las cuentas públicas no puede convertirse en el único parámetro para medir el éxito de una política. Para la institución, el verdadero desafío consiste en compatibilizar la estabilidad económica con la justicia social y la protección de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado.
