La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció un posible direccionamiento y graves irregularidades en la privatización de la Hidrovía llevada adelante por el gobierno de Javier Milei. El fiscal Sergio Rodríguez presentó un duro dictamen en los tribunales de Comodoro Py que expone el manejo opaco del Ejecutivo en la concesión de esta vital vía navegable por los próximos 25 años.
Las claves del dictamen de la PIA
- Falta de transparencia ambiental: El Gobierno intentó sepultar la participación ciudadana presentando un indigerible volumen de más de 9.000 páginas durante la Audiencia Pública, impidiendo un análisis real.
- Omisión de controles obligatorios: La gestión de Milei avanzó sin prever un adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con las autoridades nacionales competentes.
- Sospechas de direccionamiento: El pliego diseñado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) repite deliberadamente vicios de licitaciones anteriores. Incluye cláusulas restrictivas para la formación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y límites para impugnar.
- Favores contractuales: La PIA alertó que las condiciones impuestas para ceder el contrato podrían terminar beneficiando a competidores que originalmente no estaban aptos para ofertar.
Un avance a ciegas y bajo la sombra de la corrupción
A pesar de las denuncias de organizaciones ambientalistas, consorcios portuarios y las propias empresas participantes, el Gobierno nacional emitió un comunicado triunfalista. En el mismo, tildó el proceso de "exitoso" y minimizó las objeciones para apurar la apertura de las ofertas económicas.
1. El millonario negocio detrás de la entrega del Paraná
Por esta vía fluvial se exporta el 80% de la producción agroindustrial de Argentina. Se trata de un enclave estratégico casi monopólico que genera un negocio directo estimado en US$ 300 millones anuales en concepto de peajes.
- El apuro oficial: El Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo forzó la apertura de las ofertas económicas bajo la promesa de una rebaja del 13,5% en la tarifa. Con este anuncio intentaron tapar que el pliego técnico ya venía fuertemente viciado y direccionado.
- El esquema de riesgo: El Ejecutivo estructuró la licitación "a riesgo empresario y sin aval del Estado". Esto sirve como excusa perfecta para desvincular por completo al sector público de la planificación y el control soberano sobre el río.
2. Sospechas de cartelización y el regreso de los viejos conocidos
La compulsa se cerró de manera exprés dejando en carrera únicamente a dos gigantes del rubro, lo que desató alertas inmediatas de "trajes a medida" y falta de competencia real:
- Jan de Nul (Bélgica): Corre con ventaja al lograr la mejor calificación técnica. Es la misma multinacional que maneja el dragado del río desde los años 90 tras asociarse con Emepa bajo el gobierno de Carlos Menem. Ahora, diversas denuncias señalan un supuesto pacto oculto con el influyente Grupo Neuss, un holding empresarial que experimentó un sospechoso crecimiento exponencial bajo el amparo de la gestión libertaria.
- DEME (Bélgica): El otro oferente finalista, que va acompañado por fondos norteamericanos. Ante la inminente adjudicación a sus rivales, la propia firma expresó "serias dudas" y denunció falta de transparencia en todo el proceso diseñado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).
3. Las graves acusaciones que el Gobierno intenta ignorar
El escándalo de la privatización escaló rápidamente a los tribunales federales mediante múltiples frentes judiciales:
- Fraude internacional: Sectores de la oposición y medios independientes expusieron que el oficialismo utilizó un supuesto informe técnico de la ONU que habría sido falsificado. La firma brasileña DTA Engenharia (excluida del proceso) denunció que el documento que avala la licitación carece de firmas reales y aparece redactado bajo el insólito seudónimo de "Pp Pp".
- Denuncia Penal: El Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento por el Agua interpusieron una denuncia penal contra los funcionarios de Milei por negociaciones incompatibles con el cargo público e incumplimiento de deberes. Acusan al Ejecutivo de violar flagrantemente las leyes de orden público ambiental para favorecer los intereses de las multinacionales.
4. El rol de la Justicia y el "blindaje" fiscal
A pesar de que el duro dictamen del fiscal anticorrupción Sergio Rodríguez advirtió que el pliego conducirá de manera "inevitable a reproches penales", la impunidad parece garantizada en Comodoro Py. El fiscal federal Guillermo Marijuan rechazó el pedido urgente de las asociaciones civiles para congelar la licitación, argumentando que "no hay peligro en la demora". De esta forma, le soltó la mano al reclamo social y dejó la decisión final de frenar la entrega de soberanía exclusivamente en manos del juez Sebastián Casanello.
