Con la mira puesta en las elecciones de 2027, el Gobierno acelera las negociaciones para eliminar las PASO. En un contexto de fuerte deterioro de las cuentas provinciales, los recursos nacionales vuelven a convertirse en la principal moneda de cambio entre la Nación y los gobernadores.
Terminó el Mundial y, para la Casa Rosada, comenzó otra competencia igual de decisiva: la electoral. Mientras el presidente Javier Milei intenta recuperar la iniciativa política después de meses de desgaste, el oficialismo puso en marcha una estrategia que combina pragmatismo, necesidad y cálculo. El objetivo es claro: reunir los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una reforma que el Gobierno considera clave para llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2027.
La apuesta oficial no pasa únicamente por el debate parlamentario. El verdadero escenario de negociación está en las provincias, donde las administraciones enfrentan crecientes dificultades para sostener sus finanzas. Con la recaudación en retroceso, menores ingresos por coparticipación y una obra pública prácticamente paralizada, muchos gobernadores volvieron a mirar hacia la Nación en busca de asistencia económica. Y en Balcarce 50 saben que esa necesidad puede convertirse en una herramienta de negociación.
El fin de las PASO, una prioridad política
Desde el Gobierno sostienen que las PASO dejaron de cumplir su función original y que representan un gasto innecesario para el Estado. Sin embargo, detrás del argumento económico existe una lectura estrictamente política.
En la Casa Rosada consideran que una oposición obligada a resolver sus diferencias sin el mecanismo de las primarias llegaría más fragmentada a la elección presidencial. Con un piso electoral que el oficialismo todavía considera competitivo, ese escenario podría facilitar un triunfo libertario en primera vuelta.
Por esa razón, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumió como prioridad conseguir los consensos necesarios para que el proyecto sea tratado durante agosto. Si la eliminación definitiva no consigue los votos suficientes, el oficialismo analiza una alternativa intermedia: volver a suspender las PASO, como ocurrió en 2025.
Gobernadores con problemas de caja
La negociación coincide con uno de los momentos más delicados para las finanzas provinciales desde el inicio de la gestión libertaria.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la mayoría de las provincias registró una caída real de sus recursos propios durante los primeros meses de 2026. A ello se suma la reducción de los fondos coparticipables y de las transferencias automáticas provenientes del Estado nacional, producto del menor nivel de actividad económica y del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.
Frente a este escenario, varios mandatarios comenzaron a gestionar asistencia financiera, adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y financiamiento para obras de infraestructura, recursos que hoy aparecen en el centro de la negociación política entre la Nación y las provincias.
Los primeros respaldos
Algunos gobernadores ya dieron señales de acompañamiento. El puntano Claudio Poggi y el catamarqueño Raúl Jalil manifestaron públicamente su disposición a respaldar la eliminación o suspensión de las PASO. En paralelo, otros mandatarios dialoguistas mantienen conversaciones con funcionarios nacionales mientras esperan definiciones sobre asistencia financiera y obras para sus distritos.
El Gobierno ya comenzó a distribuir recursos extraordinarios a determinadas provincias y habilitó mecanismos de financiamiento para administraciones con dificultades para afrontar salarios y compromisos corrientes. La decisión refleja un cambio respecto de la rigidez que caracterizó los primeros meses de gestión y busca recomponer vínculos con gobernadores que serán determinantes en el Congreso.
Federalismo, recursos y poder
La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores atraviesa una etapa de fuerte pragmatismo. Mientras el Ejecutivo reivindica el equilibrio fiscal y sostiene que las provincias también deben ordenar sus cuentas, los mandatarios reclaman recursos para sostener servicios esenciales y compensar el freno de la inversión pública nacional.
En ese delicado equilibrio se juega mucho más que una reforma electoral. También se define el grado de gobernabilidad que tendrá Javier Milei durante la segunda mitad de su mandato.
Porque, como tantas veces ocurrió en la política argentina, las leyes no solo se discuten en el recinto. También se negocian en los despachos donde los números fiscales terminan pesando tanto como los votos.
