La oposición busca llevar al recinto de Diputados el rechazo al DNU 70/2023, que modificó o derogó más de 300 normas y constituye una de las principales herramientas legislativas del gobierno de Javier Milei. La disputa por la Ley de Tierras volvió a poner el decreto en el centro de la escena y abrió una nueva batalla por sus efectos sobre la legislación argentina.
El fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023 produjo un efecto político que el Gobierno probablemente no esperaba. La decisión judicial no cerró la discusión: la trasladó nuevamente al Congreso y colocó al llamado “mega DNU” en el centro de una ofensiva opositora que busca rechazarlo en la Cámara de Diputados.
La oposición comenzó a reunir voluntades para convocar a una sesión especial. El objetivo es tratar el rechazo del decreto que Javier Milei firmó en diciembre de 2023 y que, desde entonces, modificó, sustituyó o derogó más de 300 leyes y normas de distinto alcance.
El escenario tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el DNU en 2024. Si la Cámara de Diputados también lo rechaza, el decreto perdería vigencia.
La discusión, por lo tanto, ya no se limita a la propiedad de las tierras rurales. Lo que está en juego es la continuidad de un paquete normativo que atravesó buena parte de la legislación económica, laboral, comercial y administrativa de los últimos años.
La Ley de Tierras volvió a abrir la discusión
El punto de partida de la nueva ofensiva fue el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La norma establecía restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Su derogación había sido cuestionada judicialmente y la Corte Suprema terminó dejando vigente la modificación impulsada por el Gobierno.
La resolución del máximo tribunal generó una reacción inmediata en distintos sectores políticos, sociales y sindicales. El peronismo anunció que buscará impulsar una sesión en Diputados para rechazar el mega DNU, mientras que organizaciones vinculadas con la defensa de la soberanía territorial también comenzaron a movilizarse.
La paradoja política es evidente: una decisión judicial favorable al Gobierno sobre la Ley de Tierras terminó reactivando una pelea legislativa que puede poner en discusión la totalidad del decreto.
Más de 300 normas en disputa
La dimensión del DNU explica buena parte de las dificultades que enfrenta ahora el Congreso.
El decreto no se limitó a modificar una única legislación. Alteró un conjunto amplio de normas y produjo cambios en áreas como alquileres, relaciones laborales, actividad comercial, regulación económica y mercados.
Por eso, el eventual rechazo del DNU tendría consecuencias jurídicas mucho más amplias que la restitución de las restricciones sobre la propiedad rural.
Algunos sectores de la oposición advierten que esa complejidad obliga a analizar cuidadosamente qué normas volverían a estar vigentes y cuáles serían las consecuencias sobre relaciones jurídicas ya consolidadas. Otros consideran que el Congreso debe recuperar su capacidad para legislar sobre cuestiones que, por su naturaleza y alcance, no deberían quedar definidas mediante un decreto de necesidad y urgencia.
En otras palabras, la discusión es también institucional: hasta dónde puede llegar un Poder Ejecutivo utilizando una herramienta excepcional para modificar una cantidad tan extensa de normas.
El Gobierno quedó obligado a defender su principal herramienta
La Casa Rosada enfrenta ahora una situación incómoda.
Durante buena parte de la gestión, el oficialismo evitó que Diputados avanzara sobre el rechazo del DNU. Para ello contó con el acompañamiento de bloques dialoguistas que, aun manteniendo diferencias con Milei, consideraban inconveniente eliminar la principal herramienta jurídica con la que el Gobierno había iniciado su programa de reformas.
El nuevo escenario puede alterar esos acuerdos.
La polémica por las tierras rurales volvió a introducir una cuestión especialmente sensible para varias provincias: quién controla el territorio, bajo qué condiciones puede ser adquirido por capitales extranjeros y qué límites debe establecer el Estado.
Y allí aparecen los gobernadores.
Algunos legisladores vinculados con mandatarios provinciales ya habían mostrado reparos a modificaciones similares cuando el Congreso discutió otros proyectos relacionados con la propiedad privada y la Ley de Tierras.
La estrategia oficialista dependerá, en buena medida, de que esos acuerdos puedan mantenerse.
El problema de volver atrás
La eventual caída del DNU también abre una pregunta jurídica y política de enorme dimensión: qué ocurre con todo aquello que cambió durante los casi tres años de vigencia del decreto.
Entre las normas alcanzadas se encuentran cuestiones que afectan directamente la vida cotidiana y el funcionamiento de empresas y trabajadores.
El caso de la Ley de Alquileres es uno de los ejemplos más visibles. La caída del DNU podría generar la reaparición de normas que fueron derogadas, al mismo tiempo que obligaría a revisar otras modificaciones incorporadas durante este período.
Por eso, dentro de la propia oposición existen diferentes posiciones.
Algunos bloques plantean avanzar directamente con el rechazo. Otros proponen encontrar soluciones parciales para evitar una alteración abrupta de relaciones jurídicas ya establecidas.
La discusión no es menor: rechazar el decreto puede tener efectos concretos sobre miles de contratos, empresas, trabajadores y operaciones económicas.
Una alternativa para evitar el choque frontal
Entre las propuestas que comenzaron a circular aparece la posibilidad de recuperar las restricciones de la Ley de Tierras sin necesariamente derribar todo el DNU.
El diputado Miguel Ángel Pichetto planteó que el Gobierno podría incorporar esas limitaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y, de esa manera, resolver específicamente el conflicto por la extranjerización de tierras.
La alternativa tiene un objetivo evidente: evitar que la disputa por la tierra termine provocando la caída completa del decreto.
Pero también expone una contradicción política. Si el Gobierno acepta restablecer una parte de la legislación que derogó mediante el DNU, debería explicar por qué esa cuestión requiere ahora una nueva ley después de haber sido eliminada por decreto.
Diputados, otra vez escenario de batalla
La pelea comenzó a trasladarse al funcionamiento cotidiano de la Cámara baja.
El debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye cuestiones relacionadas con Malvinas, terminó en un clima de fuerte tensión entre oficialistas y opositores. La reunión de comisiones estuvo marcada por cruces, gritos e insultos y finalmente debió ser levantada.
El episodio mostró el nivel de confrontación que atraviesa al Congreso.
Mientras el oficialismo intenta avanzar con su agenda legislativa, la oposición busca aprovechar la nueva discusión sobre la Ley de Tierras para volver sobre el DNU que constituye una de las piezas centrales del programa libertario.
La pulseada no es solamente jurídica. También es política.
Una fecha en discusión
La oposición evalúa convocar una sesión especial durante octubre. Página/12 señala como escenario posible el 15 de octubre, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria. Otros reportes mencionan también fechas anteriores en discusión.
El calendario tendrá importancia estratégica.
Si la sesión logra reunir el número necesario de diputados, el Gobierno podría enfrentar por primera vez una amenaza concreta contra el conjunto de su arquitectura normativa.
La incógnita está en los votos.
El rechazo del DNU requiere una mayoría en Diputados y, para la oposición, el desafío consiste en reunir a sectores que en otras oportunidades acompañaron al Gobierno o prefirieron no avanzar contra su principal instrumento jurídico.
La batalla por el modelo
El mega DNU nació como una declaración de principios del Gobierno de Milei. La idea era avanzar rápidamente sobre regulaciones y normas que el oficialismo consideraba obstáculos para la liberalización de la economía.
Casi tres años después, el mismo decreto se transformó en el centro de una discusión sobre los límites del Poder Ejecutivo y el papel del Congreso.
La pelea por la Ley de Tierras fue el disparador. Pero el verdadero conflicto es mucho más amplio.
Porque detrás de un artículo que habilita la venta de tierras rurales sin las restricciones anteriores aparece una pregunta que atraviesa todo el modelo libertario: cuánto puede transformar un Gobierno mediante un decreto y cuánto debe quedar necesariamente en manos del Congreso.
El debate recién comienza.
El fallo de la Corte dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras. Pero, al mismo tiempo, volvió a encender una discusión que puede terminar poniendo en riesgo la vigencia completa del DNU 70/2023.
La paradoja es que el decreto que pretendía acelerar la transformación de la Argentina podría terminar enfrentando, tres años después, su prueba más difícil justamente en el lugar donde la democracia constitucional establece que deben discutirse las leyes: el Congreso.
