El silencio de los pasillos también hace ruido. En los edificios donde durante décadas se diseñaron reactores, se formaron físicos e ingenieros y se soñó con una Argentina capaz de dominar una de las tecnologías más complejas del mundo, hoy la conversación gira alrededor de otra palabra: supervivencia.
No se discute una ecuación. Se calcula cuántos equipos quedan en pie después de los despidos. No se proyecta el próximo avance científico. Se intenta averiguar si el laboratorio abrirá la semana siguiente.
Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, el Gobierno celebra otro triunfo ideológico. En la narrativa libertaria, el Estado productor de conocimiento es un gasto; la soberanía tecnológica, un anacronismo; la planificación de largo plazo, una herejía. Lo importante es reducir el presupuesto, aunque el costo sea desmontar capacidades que demandaron generaciones enteras para construirse.
La política nuclear argentina nunca fue una casualidad. Fue una decisión sostenida por gobiernos muy distintos entre sí, convencidos de que ciertos conocimientos no podían comprarse en el mercado internacional. Había una lógica sencilla detrás de esa persistencia: quien depende de otros para producir energía, desarrollar tecnología o formar especialistas termina dependiendo también para decidir su futuro.
El oficialismo propone otra filosofía. Donde antes había una apuesta estratégica, ahora aparece una oportunidad de negocios. Donde existía una política de Estado, se ofrece una transferencia de funciones al sector privado o a empresas extranjeras. El lenguaje cambia antes que la realidad: ya no se habla de desarrollo nacional sino de eficiencia; ya no de independencia tecnológica sino de competitividad.
El problema es que los reactores nucleares no se construyen con consignas. Tampoco los ecosistemas científicos sobreviven únicamente gracias al entusiasmo de quienes trabajan en ellos. Un laboratorio cerrado no vuelve a abrirse con un decreto. Un investigador que emigra rara vez regresa porque cambió el clima político.
El Gobierno insiste en que todo puede medirse con la lógica del balance contable. Sin embargo, la historia demuestra que las grandes capacidades científicas nunca nacieron del corto plazo. Estados Unidos, Francia, China o Corea del Sur edificaron sus desarrollos estratégicos con enormes inversiones públicas, décadas de planificación y la convicción de que el conocimiento es una forma de poder.
La paradoja argentina resulta evidente: mientras las principales potencias fortalecen sus sectores tecnológicos para competir en un mundo cada vez más conflictivo, la administración de Javier Milei parece convencida de que el camino hacia la modernidad consiste en desarmar los instrumentos que permitían producir ciencia propia.
Los defensores del ajuste llaman privilegio a aquello que costó décadas construir. Los trabajadores hablan de patrimonio nacional. Entre ambas miradas no existe una diferencia técnica sino política.
Porque la verdadera discusión nunca fue únicamente sobre un reactor, un organismo o una partida presupuestaria. La pregunta es otra: si un país renuncia a producir conocimiento estratégico, ¿qué parte de su soberanía está dispuesto a entregar junto con los planos, los laboratorios y las personas que saben hacerlos funcionar?
En esa respuesta se juega mucho más que el futuro de la energía nuclear. Se juega la idea misma de país.
