Sobre la mesa no hay un mapa de la Argentina. Hay otro más importante para este gobierno: el mapa de los votos.
¿Cuántos diputados garantiza cada gobernador? ¿Quién todavía negocia? ¿Quién amenaza con romper? ¿Cuánto cuesta sostener una mayoría parlamentaria cuando el ajuste empieza a golpear en las provincias?
En ese tablero aparece Diego Santilli. Ya no solamente como jefe de Gabinete, sino como el funcionario que concentra también las funciones del desaparecido Ministerio del Interior. La decisión no es un cambio administrativo. Es una definición política. El Gobierno entiende que el principal frente de batalla dejó de ser la economía para convertirse en la gobernabilidad.
Mientras Javier Milei conserva el papel del líder ideológico que confronta desde el escenario, alguien debe ocuparse de administrar las contradicciones de la política real. Porque la motosierra sirve para los discursos, pero no alcanza para construir mayorías en el Congreso.
La eliminación del Ministerio del Interior es, en los papeles, un gesto de reducción del Estado. En la práctica, implica otra cosa: centralizar la negociación con las provincias bajo la órbita del jefe de Gabinete. Menos estructura formal. Más concentración de poder.
La paradoja resulta evidente.
El presidente llegó prometiendo destruir la vieja política. Sin embargo, cuanto más avanza su gestión, más depende de sus mecanismos tradicionales: acuerdos reservados, conversaciones con gobernadores, distribución de recursos y construcción de consensos mínimos para evitar derrotas legislativas.
No es casualidad.
La economía ya no ofrece el margen político que otorgaba durante los primeros meses del ajuste. Los gobernadores administran provincias con menos recursos, obras paralizadas y una presión social creciente. Cada ley importante exige una negociación más compleja que la anterior.
Por eso Santilli no hereda solamente oficinas.
Hereda teléfonos.
Los de los mandatarios provinciales.
Los de los bloques dialoguistas.
Los de los intendentes que reclaman fondos.
Los de los legisladores que empiezan a calcular el costo electoral de acompañar cada proyecto oficial.
En la Casa Rosada saben que la próxima etapa ya no dependerá únicamente del equilibrio fiscal. Dependerá de mantener cohesionada una coalición parlamentaria que nunca fue completamente propia.
Karina Milei también aparece detrás de este rediseño. La secretaria general continúa consolidando un esquema donde las decisiones políticas pasan por un círculo cada vez más reducido. El nuevo organigrama confirma una tendencia que viene profundizándose: menos ministerios, menos interlocutores y un núcleo de poder cada vez más concentrado alrededor de la Presidencia.
La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse esa arquitectura.
Porque gobernar no consiste únicamente en acumular atribuciones. También exige distribuir costos. Y cuando todas las decisiones confluyen en un mismo centro, también convergen allí todas las responsabilidades.
Santilli asume el rol del negociador. Milei conserva el del combatiente. Uno habla con gobernadores; el otro con las redes sociales. Uno administra el día después; el otro construye el relato del día anterior.
Es una división funcional del poder.
Pero también una admisión implícita.
El Gobierno que prometía prescindir de la política acaba de colocar a un operador político en el corazón mismo del Estado. No porque haya cambiado de convicciones, sino porque la realidad terminó imponiendo una regla tan antigua como la democracia argentina: los votos no se decretan.
Se negocian.
