POLÍTICA NACIONAL | CONGRESO | GOBIERNO DE MILEI
La Casa Rosada consiguió desactivar una nueva ofensiva parlamentaria de la oposición mediante negociaciones con bloques aliados y legisladores provinciales. La falta de quórum dejó en evidencia el peso de los gobernadores en el Congreso y la estrategia del oficialismo para evitar votaciones que podrían complicar su programa político y económico.
En política, muchas veces las victorias no se consiguen sumando votos, sino evitando que los adversarios puedan votar. Y en ese terreno, el gobierno de Javier Milei volvió a encontrar una salida para esquivar una discusión incómoda en la Cámara de Diputados.
La sesión impulsada por sectores opositores terminó frustrada por falta de quórum, después de una serie de negociaciones políticas que pusieron nuevamente en el centro de la escena a la Casa Rosada, los gobernadores y los bloques parlamentarios que suelen moverse entre el acompañamiento al oficialismo y la defensa de sus propios intereses provinciales.
El episodio expuso una de las características centrales de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso: cuando los números no alcanzan para imponer una posición en el recinto, las conversaciones fuera de él adquieren una importancia decisiva.
Los gobernadores, protagonistas de la negociación
La operación política tuvo un componente decisivo: el papel de los mandatarios provinciales.
Según informó periodistica, los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Neuquén y San Juan contribuyeron a que el oficialismo consiguiera frustrar la sesión. El trasfondo de esos movimientos estuvo atravesado por razones económicas y por la relación financiera que cada provincia mantiene con la Nación.
La participación de gobernadores de distintos espacios políticos demuestra que las negociaciones con el Gobierno nacional no siempre responden a coincidencias ideológicas. En muchos casos, las necesidades presupuestarias de las provincias terminan pesando más que las diferencias partidarias.
En un país donde numerosas administraciones provinciales dependen de recursos nacionales para sostener obras, servicios e infraestructura, la relación con la Casa Rosada puede convertirse en un factor determinante de las decisiones parlamentarias.
Salta y el peso de las provincias del Norte
Entre los mandatarios señalados aparece el gobernador salteño Gustavo Sáenz, junto con sus pares de Tucumán y Jujuy.
La participación de los gobernadores del Norte Grande vuelve a colocar bajo la lupa el vínculo entre los intereses provinciales y las decisiones que se toman en el Congreso.
Para Salta, como para otras provincias del norte argentino, la discusión sobre los recursos nacionales tiene consecuencias concretas: infraestructura vial, salud, educación, vivienda y desarrollo productivo dependen, en distinta medida, de la disponibilidad presupuestaria y de los acuerdos entre jurisdicciones.
Pero también existe una dimensión política. Cuando legisladores vinculados a gobiernos provinciales facilitan que una sesión no alcance el quórum, contribuyen a sostener la posición del Poder Ejecutivo, aun cuando no compartan necesariamente todas sus políticas.
La pregunta que queda abierta es qué obtienen las provincias a cambio de ese acompañamiento y cómo se traducen esos entendimientos en beneficios concretos para sus habitantes.
El megadecreto que Milei consiguió mantener fuera de la votación
La sesión especial tenía entre sus objetivos avanzar con la derogación del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de transformación normativa utilizadas por Milei desde el comienzo de su presidencia.
También estaban previstos proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y medidas de alivio para las familias afectadas por la morosidad y las dificultades para afrontar sus deudas.
El decreto 70/2023 constituye una pieza central del programa libertario porque introdujo modificaciones en numerosos aspectos de la regulación económica y las relaciones entre el Estado y el sector privado.
Su eventual derogación representaría un golpe político para el Gobierno. Por eso, evitar que el tema llegara a votarse significó preservar, al menos por el momento, una herramienta fundamental de su gestión.
La oposición, por su parte, perdió una oportunidad para avanzar sobre una iniciativa que considera representativa de los aspectos más cuestionables del programa oficial.
El costo político de una sesión frustrada
El resultado dejó dos lecturas posibles.
Para el Gobierno, impedir el quórum significó una victoria táctica. La Casa Rosada logró contener una ofensiva opositora sin necesidad de exponerse a una votación adversa.
Para la oposición, en cambio, lo ocurrido volvió a mostrar las dificultades para construir mayorías estables frente a un oficialismo que conserva capacidad de negociación con los gobernadores.
La falta de quórum no implica que los proyectos hayan sido rechazados. Significa que no pudieron tratarse y que deberán esperar una nueva oportunidad parlamentaria.
Sin embargo, esa postergación tiene consecuencias políticas: mientras no se concrete una votación, el esquema normativo que la oposición pretende modificar continúa vigente en los términos que correspondan.
Una victoria que también revela debilidades
El episodio dejó una paradoja para Milei. El Gobierno consiguió evitar una derrota, pero necesitó recurrir a negociaciones con sectores de la política tradicional que el propio Presidente suele cuestionar en sus discursos.
La dependencia de los gobernadores revela que el oficialismo todavía necesita construir acuerdos por fuera de su estructura partidaria para sostener decisiones importantes en el Congreso.
Los mandatarios provinciales, mientras tanto, continúan desempeñando un papel de intermediarios entre las demandas de sus territorios y las necesidades parlamentarias del Ejecutivo.
La jornada dejó una certeza: en el Congreso argentino, el poder no se mide únicamente por la cantidad de bancas propias. También se expresa en la capacidad de negociar ausencias, administrar tiempos y construir acuerdos circunstanciales.
Milei consiguió que la sesión no se realizara. Pero el conflicto por el DNU 70/2023, el financiamiento de políticas sociales y las demandas de las provincias sigue abierto. La Casa Rosada ganó tiempo; todavía está por verse cuánto le durará esa victoria.
