La discusión por el crecimiento de la morosidad volvió a poner bajo la lupa a Mercado Libre y el funcionamiento de sus líneas de crédito. Un informe difundido en redes sociales buscó relativizar el problema y presentar a la empresa como una de las entidades con menor nivel de mora. El debate se da mientras crece la preocupación por el endeudamiento de los hogares y la oposición reclama medidas al Gobierno.
La disputa alrededor del endeudamiento de las familias argentinas sumó un nuevo capítulo con una fuerte controversia entre el universo político, las organizaciones que vienen siguiendo la evolución de la morosidad y Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin que se convirtió en uno de los principales actores del sistema de pagos y crédito digital.
El eje de la discusión es sencillo, pero sus consecuencias son profundas: ¿el aumento de la morosidad refleja un problema de los usuarios o es una consecuencia de un modelo económico que empuja a cada vez más familias a financiar sus gastos cotidianos con deuda?
Un informe difundido en redes sociales buscó instalar una respuesta favorable a Mercado Libre. El documento fue difundido por un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que actualmente trabaja para la empresa y presentó a Mercado Libre como una de las firmas con menor nivel de mora. El análisis, sin embargo, fue cuestionado por dejar fuera del centro de la discusión el costo de los créditos y las condiciones en las que se endeudan los usuarios.
La batalla por los números
La controversia se produce después de una serie de informes que comenzaron a poner el foco en el crecimiento de la morosidad y en el papel de las billeteras virtuales en el proceso.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) había advertido sobre el deterioro de la situación financiera de numerosos hogares. En paralelo, organizaciones sociales comenzaron a movilizarse para reclamar respuestas frente al endeudamiento de las familias y denunciaron tasas de interés que pueden alcanzar niveles extraordinariamente elevados.
En ese contexto, Mercado Libre quedó en el centro de la escena.
La empresa sostiene otra interpretación: el problema no estaría necesariamente vinculado con las condiciones de financiamiento que ofrece, sino con el comportamiento de los consumidores y con las características generales del mercado. La estrategia comunicacional apunta, de esta manera, a separar a la compañía del fenómeno social de endeudamiento.
Pero esa explicación deja abierta una pregunta fundamental: si millones de personas tienen dificultades para pagar, ¿qué relación existe entre esa morosidad, el nivel de ingresos, el costo del crédito y las condiciones macroeconómicas?
El modelo Milei y la deuda cotidiana
El debate excede a Mercado Libre.
Durante el gobierno de Javier Milei, el deterioro de los ingresos de numerosos hogares y el aumento de los gastos esenciales llevaron a muchas familias a recurrir al crédito para sostener el consumo cotidiano. El endeudamiento dejó de ser, en numerosos casos, una herramienta para financiar una compra extraordinaria y comenzó a convertirse en un mecanismo para llegar a fin de mes.
Ese fenómeno también aparece reflejado en las movilizaciones de organizaciones sociales y centrales sindicales. En agosto, miles de personas reclamaron frente al Ministerio de Economía por la situación de las familias endeudadas y exigieron medidas para frenar el crecimiento de la morosidad.
La oposición también llevó el problema al Congreso. Más de 30 proyectos buscan abordar diferentes dimensiones del endeudamiento familiar, mientras el oficialismo se resiste a avanzar con una política específica para el sector.
La discusión política, entonces, dejó de ser solamente financiera. Se transformó en una disputa sobre quién debe asumir la responsabilidad por las consecuencias sociales del modelo económico.
Mercado Libre, una pieza central del nuevo sistema financiero
La importancia de Mercado Libre en esta discusión no es casual.
A través de Mercado Pago, la compañía se convirtió en una pieza relevante del sistema de pagos argentino y amplió progresivamente su presencia en el negocio financiero. Su crecimiento la posicionó como una alternativa frente a la banca tradicional y le permitió captar millones de usuarios.
El Gobierno de Milei, además, mantuvo una relación política y económica cercana con Galperin. La administración libertaria impulsó medidas favorables para sectores vinculados con las billeteras digitales y el sistema financiero tecnológico. Entre ellas, se destacó la eliminación del impuesto al cheque para determinadas operaciones de billeteras virtuales y otros actores del ecosistema financiero.
Por eso, cualquier cuestionamiento sobre las condiciones del crédito otorgado a través de estas plataformas adquiere inevitablemente una dimensión política.
No se discute únicamente el comportamiento de una empresa. También se discute el modelo económico que habilita y estimula la expansión de determinados negocios financieros mientras el Estado reduce sus mecanismos de regulación e intervención.
El argumento de “la gente se endeudó sola”
Uno de los puntos más sensibles de la disputa es el intento de trasladar la responsabilidad hacia los consumidores.
Si una persona solicita un préstamo y luego no puede pagarlo, puede resultar sencillo afirmar que tomó una decisión individual equivocada. Pero esa explicación pierde fuerza cuando el endeudamiento se convierte en un fenómeno masivo.
La pregunta deja de ser por qué una persona se endeudó y pasa a ser por qué tantas personas necesitan endeudarse al mismo tiempo.
El problema adquiere otra dimensión cuando las familias recurren a préstamos para comprar alimentos, pagar servicios, cubrir alquileres o afrontar gastos básicos. En ese escenario, el crédito deja de funcionar como una herramienta para mejorar el consumo y empieza a operar como un mecanismo de supervivencia.
Las organizaciones que vienen denunciando el fenómeno sostienen precisamente esa mirada: las tasas elevadas y la pérdida de poder adquisitivo pueden transformar el crédito en una trampa de la que resulta cada vez más difícil salir.
El silencio sobre las tasas
La discusión sobre la mora también obliga a mirar una variable que suele quedar relegada en los debates corporativos: cuánto termina pagando el usuario.
Un indicador bajo de morosidad no necesariamente significa que un sistema de crédito sea socialmente beneficioso. Puede significar que los consumidores están pagando regularmente, incluso a costa de sacrificar otros gastos, refinanciar deudas o utilizar nuevos créditos para cancelar los anteriores.
Por eso, comparar niveles de mora entre empresas sin observar simultáneamente las tasas, los plazos, los ingresos de los usuarios y el destino del crédito puede ofrecer una fotografía incompleta.
Ese es precisamente uno de los cuestionamientos planteados alrededor del informe que buscó reivindicar la posición de Mercado Libre. La crítica apunta a que la discusión sobre la morosidad no puede separarse de las condiciones concretas en las que se otorgan los préstamos.
Una disputa que ya llegó al Congreso
Mientras el Gobierno sostiene que se trata esencialmente de decisiones privadas entre consumidores y empresas, la oposición intenta instalar el endeudamiento familiar como un problema de política pública.
La existencia de decenas de proyectos parlamentarios muestra la dimensión que adquirió el fenómeno. Los legisladores que impulsan medidas específicas buscan mecanismos de alivio para las familias, límites o controles sobre determinadas prácticas y herramientas para evitar que la deuda se transforme en una situación permanente.
El oficialismo, en cambio, mantiene una posición cercana a la desregulación y rechaza intervenir sobre buena parte de las relaciones crediticias.
En esa tensión aparece la figura de Galperin como un símbolo del modelo económico libertario: un empresario tecnológico que expandió su negocio financiero y que mantiene una relación política privilegiada con Milei.
Una batalla por el relato
La disputa alrededor de Mercado Libre es también una batalla por el relato económico.
De un lado aparece la explicación según la cual las plataformas digitales democratizaron el acceso al crédito y ofrecen herramientas financieras a sectores que históricamente estuvieron excluidos del sistema bancario.
Del otro, las organizaciones sociales y sectores de la oposición advierten que ese acceso puede convertirse en una nueva forma de precariedad cuando los ingresos no alcanzan y el costo del financiamiento se vuelve excesivo.
En el fondo, ambas posiciones responden a preguntas diferentes. La primera pregunta cuántas personas pueden acceder a un crédito. La segunda pregunta qué ocurre con esas personas cuando no pueden pagarlo.
Y allí está el núcleo de la discusión.
Porque un sistema financiero puede expandirse rápidamente mientras, al mismo tiempo, aumenta la vulnerabilidad económica de quienes utilizan sus productos.
La controversia Milei-Galperín expone, en definitiva, una de las principales tensiones del modelo económico actual: mientras el Gobierno celebra la expansión de las herramientas financieras y la iniciativa privada, crece el reclamo de quienes sostienen que el crédito no puede convertirse en el sustituto de salarios que no alcanzan.
La batalla por los números continuará. Pero detrás de cada porcentaje de mora hay algo mucho más concreto: familias que deben elegir entre pagar una deuda, comprar comida o llegar a fin de mes.
Y ese costo social difícilmente pueda ser explicado únicamente con una estadística favorable para una empresa.
