La motosierra llegó a uno de los pocos lugares donde la Argentina todavía producía conocimiento estratégico. En la Comisión Nacional de Energía Atómica no sólo se discutieron despidos. También quedó expuesta una idea de país.
La escena no transcurrió en un ministerio ni en un acto partidario.
Ocurrió detrás de los portones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde durante décadas científicos, ingenieros, físicos y técnicos hicieron del conocimiento una política de Estado mucho antes de que esa expresión se volviera un lugar común.
Esta vez no había inauguraciones.
No había reactores experimentales ni anuncios tecnológicos.
Había listas.
Nombres.
Contratos que no serían renovados.
Pasillos ocupados por trabajadores que buscaban explicaciones mientras otros miraban el teléfono esperando un correo electrónico que definiera años de carrera profesional.
En cualquier empresa privada podría tratarse de una reestructuración.
En la CNEA la discusión adquiere otra dimensión.
Porque allí no se fabrican solamente informes técnicos. Allí se producen radioisótopos utilizados en medicina nuclear, se desarrollan proyectos estratégicos como el reactor modular CAREM, se forman recursos humanos altamente especializados y se sostiene una parte del conocimiento científico que distingue a la Argentina en América Latina.
Los gremios denunciaron que las cesantías alcanzan a alrededor de 170 trabajadores y calificaron la medida como parte de un proceso de vaciamiento del organismo. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la decisión corresponde a la no renovación de 61 contratos temporarios, principalmente de perfiles administrativos, y rechazó que se haya afectado al personal técnico esencial.
La diferencia entre ambas versiones no es un detalle estadístico.
Es la disputa por el sentido político de lo que está ocurriendo.
Porque detrás de cada número aparece una pregunta mucho más profunda: ¿qué lugar ocupa la ciencia pública en el modelo de país que propone Javier Milei?
Desde que asumió, el Presidente dejó claro que considera al Estado un espacio que debe reducirse al mínimo indispensable. Esa lógica, aplicada a organismos administrativos, puede discutirse en términos de eficiencia.
Aplicada al sistema científico, abre otro interrogante.
La ciencia no funciona con los tiempos del mercado.
Un investigador tarda años en formarse.
Un proyecto nuclear demanda décadas.
La experiencia acumulada no se compra cuando vuelve a hacer falta.
Se pierde.
Y recuperarla cuesta generaciones.
Por eso el conflicto de la CNEA excede el plano laboral.
Lo que está en juego no son únicamente puestos de trabajo.
Es la continuidad de capacidades tecnológicas que muy pocos países lograron construir.
Argentina pertenece a ese grupo desde hace más de setenta años.
No por casualidad.
Sino porque distintos gobiernos, con diferencias ideológicas profundas, entendieron que la energía nuclear era un activo estratégico.
El otro lenguaje del poder
Cuando los trabajadores ocuparon pacíficamente la sede para reclamar explicaciones, la respuesta no llegó en forma de negociación.
Llegó con un operativo de Gendarmería que desalojó la protesta y profundizó el conflicto. Las imágenes recorrieron rápidamente los medios y las redes sociales.
El mensaje fue doble.
Hacia adentro del organismo: la decisión estaba tomada.
Hacia afuera: el Gobierno no está dispuesto a retroceder frente a la resistencia sindical.
Es una metodología que ya se volvió reconocible.
Primero el anuncio.
Después el conflicto.
Finalmente la confrontación como parte del propio relato político.
La paradoja libertaria
Hay una contradicción que empieza a hacerse visible.
Javier Milei habla con frecuencia de innovación, inteligencia artificial, desarrollo tecnológico y competitividad global.
Pero esas palabras necesitan investigadores.
Necesitan laboratorios.
Necesitan instituciones que formen especialistas durante años.
Difícilmente exista una economía basada en el conocimiento mientras se reduce el sistema que produce ese conocimiento.
Los países que lideran la revolución tecnológica —Estados Unidos, China, Corea del Sur o Francia— invierten miles de millones de dólares en investigación pública.
Ninguno decidió reemplazar científicos por planillas de ahorro.
La eficiencia fiscal puede ser una política.
El desarme de capacidades estratégicas suele tener costos que aparecen mucho después, cuando ya no existe el personal capaz de reconstruirlas.
La nota de color
Un viejo investigador de la CNEA, de esos que aprendieron a distinguir un reactor por el sonido de sus bombas antes que por sus planos, observaba el edificio mientras los empleados abandonaban el lugar.
"No es la primera crisis", dijo casi en voz baja.
Después hizo una pausa larga.
"La diferencia es que antes discutíamos cómo hacer ciencia con menos recursos. Ahora discutimos si va a seguir existiendo la ciencia."
Esa frase quedó flotando sobre los pasillos vacíos.
Quizás porque resumía mejor que cualquier comunicado oficial lo que estaba ocurriendo.
La motosierra puede recortar partidas presupuestarias en cuestión de minutos.
Lo que no puede fabricar con la misma velocidad es un físico nuclear, un ingeniero especializado o un investigador con veinte años de experiencia.
Las planillas del Ministerio de Economía probablemente registren un ahorro.
La historia dirá si ese ahorro fue eficiencia o simplemente el precio de desarmar uno de los pocos lugares donde la Argentina todavía competía con conocimiento propio.
