La Cámara de Diputados aprobó la nueva versión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas económicas centrales del Gobierno de Javier Milei. El proyecto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, y ahora deberá ser tratado por el Senado.
La iniciativa busca modificar el régimen tributario para facilitar la incorporación al circuito formal de fondos y bienes que permanecen fuera del sistema financiero. El objetivo político y económico del Gobierno es explícito: conseguir que los dólares que los argentinos mantienen fuera de los bancos ingresen al circuito formal y puedan volcarse al consumo, la inversión y el crédito.
Pero detrás del discurso oficial sobre una supuesta simplificación tributaria aparece una discusión más profunda: hasta dónde puede reducirse la capacidad de control del Estado sin favorecer la evasión, el lavado de activos y la concentración de beneficios en los sectores de mayores ingresos.
Una nueva apuesta por los dólares guardados
El proyecto elimina el límite patrimonial de 10.000 millones de pesos que condicionaba el acceso al régimen simplificado de Ganancias y extiende su vigencia hasta diciembre de 2027. También incorpora modificaciones destinadas a reducir las sanciones para determinados incumplimientos formales de pequeñas y medianas empresas.
La apuesta del equipo económico consiste en generar un marco que resulte suficientemente atractivo para quienes tienen dinero no declarado y temen que una mayor fiscalización pueda derivar en investigaciones tributarias.
El Gobierno busca así repetir, aunque con un esquema más amplio, la estrategia que había planteado con la primera versión de la denominada Inocencia Fiscal. Aquella iniciativa, sin embargo, no consiguió la adhesión esperada. Ahora el oficialismo pretende eliminar obstáculos y ofrecer mayores garantías para que los contribuyentes incorporen sus activos al circuito formal.
La expectativa oficial está puesta especialmente en los llamados “dólares del colchón”: dinero que permanece fuera del sistema bancario y que el Gobierno pretende movilizar sin recurrir a un nuevo blanqueo tradicional.
El debate por los controles de ARCA
Uno de los principales puntos de conflicto durante el debate parlamentario fue el alcance de las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA.
Desde la oposición cuestionaron que la reforma reduzca herramientas de fiscalización y pueda dificultar la detección de maniobras de evasión y lavado de dinero. También reclamaron mayores garantías de transparencia respecto de los funcionarios públicos que eventualmente puedan beneficiarse con el nuevo régimen.
Los defensores del proyecto sostienen, en cambio, que el sistema tributario argentino debe abandonar mecanismos de persecución que consideran excesivos y avanzar hacia un esquema basado en la presunción de buena fe del contribuyente.
La discusión, por lo tanto, excede la cuestión estrictamente impositiva. En el fondo se enfrentan dos concepciones sobre el papel del Estado: una que prioriza el control y la fiscalización de los patrimonios y otra que busca reducir la intervención estatal para incentivar la formalización voluntaria de capitales.
El oficialismo volvió a encontrar aliados
La aprobación volvió a demostrar que La Libertad Avanza puede construir mayorías parlamentarias cuando se trata de iniciativas vinculadas con el rumbo económico del Gobierno.
El proyecto consiguió respaldo de distintos bloques aliados y de sectores provinciales que, pese a mantener diferencias con Milei, acompañaron la propuesta en la Cámara baja. En paralelo, otros sectores opositores rechazaron la norma y cuestionaron sus consecuencias distributivas.
La votación dejó así una postal conocida del Congreso durante la gestión libertaria: el oficialismo no cuenta necesariamente con mayorías propias, pero consigue avanzar mediante acuerdos con sectores de la oposición que acompañan determinadas reformas económicas.
La nueva Inocencia Fiscal se convirtió, de ese modo, en otra prueba de la capacidad de negociación del Gobierno en el Parlamento.
La polémica por los grandes patrimonios
Uno de los aspectos que más críticas generó es la eliminación del límite patrimonial que restringía el acceso al régimen simplificado.
Para los impulsores de la reforma, quitar ese techo permite ampliar la cantidad de contribuyentes que pueden adherir al esquema y simplificar sus obligaciones fiscales. Para sus críticos, en cambio, implica otorgar un beneficio particularmente importante a personas con patrimonios elevados.
La discusión vuelve a instalar una pregunta central sobre la política económica de Milei: si el objetivo es formalizar capitales y ampliar la base tributaria, ¿cuánto puede ceder el Estado en materia de controles para conseguirlo?
La respuesta no es menor en un país donde la evasión y la economía informal constituyen problemas históricos y donde el Gobierno necesita aumentar la disponibilidad de dólares sin recurrir a nuevas fuentes de financiamiento externo.
El reloj corre hasta septiembre
La iniciativa deberá ahora ser analizada por el Senado. El oficialismo tiene además un incentivo temporal: el régimen de Ganancias Simplificado enfrenta un vencimiento el 22 de septiembre, por lo que el Gobierno pretende que la nueva legislación sea sancionada antes de esa fecha.
El Senado tendrá entonces la última palabra sobre una reforma que el Poder Ejecutivo considera estratégica para su programa económico.
La apuesta de Caputo es clara: generar las condiciones para que una parte de los dólares que permanecen fuera del sistema formal comience a circular. El interrogante es si la reducción de controles alcanzará para convencer a los ahorristas o si, por el contrario, terminará convirtiéndose en un nuevo mecanismo de beneficios para los patrimonios más grandes.
La media sanción marca apenas el primer paso. El verdadero desafío para el Gobierno llegará cuando la norma deje de ser una promesa legislativa y deba demostrar si consigue transformar los dólares guardados en movimiento económico real.
