La aerolínea low cost atraviesa una fuerte crisis operativa y financiera. La Justicia embargó sus cuentas por deudas tributarias, mientras la empresa acumula salarios e indemnizaciones impagas y cientos de trabajadores reclaman respuestas. El caso vuelve a poner bajo la lupa el modelo de desregulación impulsado durante el gobierno de Javier Milei.
Flybondi fue presentada durante los últimos años como uno de los símbolos de la transformación del mercado aerocomercial argentino: menos regulaciones, mayor competencia y pasajes de bajo costo. Pero aquella promesa de libertad empresarial enfrenta ahora una realidad mucho más incómoda. Cancelaciones, vuelos que no despegan, trabajadores sin cobrar y una empresa que continúa comercializando pasajes mientras crecen sus obligaciones impagas.
La situación llegó a los tribunales. La Justicia ordenó embargar las cuentas bancarias de la compañía liderada por Leonardo Scatturice a raíz de una deuda reclamada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El monto reclamado, con intereses, asciende a unos $1.445 millones y comprende obligaciones tributarias vinculadas con retenciones de Ganancias, IVA y Bienes Personales.
El embargo judicial se suma a un cuadro laboral cada vez más delicado. Según la información publicada por Página/12, Flybondi adeuda salarios a unos 300 trabajadores que permanecen en actividad y también mantiene obligaciones pendientes con más de 700 empleados que fueron despedidos. Los trabajadores anunciaron una movilización para este viernes en reclamo por los pagos adeudados.
El contraste resulta difícil de ignorar: mientras una empresa que se promocionó bajo el paradigma de la eficiencia privada acumula reclamos laborales y fiscales, los pasajeros quedan expuestos a modificaciones y cancelaciones que alteran sus planes de viaje.
Pasajes a la venta, vuelos en duda
Uno de los puntos que genera mayor controversia es la continuidad de la comercialización de pasajes en medio de las dificultades para sostener una operación regular. La crisis no comenzó de un día para otro. Durante los últimos meses se acumularon señales de deterioro en la prestación del servicio, con una reducción importante de la capacidad operativa y numerosas cancelaciones.
Información difundida en junio ya daba cuenta de una crisis de magnitud, con una flota mayoritariamente inactiva y una cantidad de vuelos cancelados muy superior a la habitual. Un informe periodístico señaló que entre junio de 2025 y mayo de 2026 la compañía había cancelado más de 2.500 vuelos. (Diario El Sureño)
Ahora, el problema dejó de ser exclusivamente aerocomercial para transformarse también en un conflicto financiero y laboral.
La situación alimenta además las versiones sobre una eventual presentación judicial de la compañía. Aunque una hipótesis de concurso preventivo no equivale a una quiebra, una eventual decisión de ese tipo implicaría reconocer formalmente una situación de dificultades para afrontar las obligaciones asumidas.
El modelo libertario, bajo la lupa
El caso de Flybondi adquiere una dimensión política por el vínculo de su principal accionista, Leonardo Scatturice, con el entorno del gobierno de Javier Milei. La situación de la compañía aparece así en medio de uno de los principales debates económicos de la gestión libertaria: hasta dónde debe llegar la desregulación y qué ocurre cuando una empresa privada deja de cumplir con sus obligaciones hacia trabajadores, consumidores o el Estado.
La cuestión no es si una empresa privada debe ser protegida de sus propios errores. El punto central es otro: qué nivel de control debe ejercer el Estado para garantizar que la libertad de mercado no termine convirtiéndose en libertad para incumplir.
El discurso de la desregulación sostiene que la competencia beneficia al consumidor y obliga a las compañías a mejorar sus servicios. Pero cuando una empresa vende un pasaje que luego no puede garantizar, adeuda salarios y acumula obligaciones fiscales, la discusión deja de ser solamente económica.
También aparece una cuestión de derechos.
Porque detrás de cada vuelo cancelado hay un pasajero que puede perder una conexión, una reserva o un compromiso. Y detrás de cada salario impago existe un trabajador que debe afrontar alquileres, alimentos, servicios y gastos familiares.
Una crisis que excede a Flybondi
El caso también vuelve a poner en discusión el futuro de las aerolíneas low cost en la Argentina. El modelo puede ofrecer tarifas competitivas, pero requiere una estructura financiera sólida, mantenimiento adecuado, disponibilidad de aeronaves y capacidad suficiente para responder ante contingencias.
Cuando alguno de esos engranajes falla, el costo puede trasladarse rápidamente a los pasajeros y a los trabajadores.
La situación de Flybondi representa, por eso, algo más que el posible deterioro de una compañía aérea. Es una prueba concreta para una de las banderas económicas del Gobierno: la idea de que el mercado puede ordenar por sí mismo la actividad y que la intervención estatal debe reducirse al mínimo.
El embargo judicial demuestra que, aun bajo un esquema de desregulación, existen obligaciones que no desaparecen.
Los impuestos deben pagarse. Los salarios deben abonarse. Las indemnizaciones deben cumplirse. Y los pasajes vendidos deberían corresponderse con una capacidad real de prestar el servicio.
La discusión que queda planteada es incómoda para el relato libertario: la libertad económica puede significar menos trabas para las empresas, pero no puede convertirse en impunidad frente al incumplimiento.
Flybondi, aquella compañía presentada como emblema de la “revolución de los aviones”, enfrenta ahora una crisis que pone en cuestión precisamente esa promesa. Y mientras los tribunales embargan cuentas y los trabajadores marchan para cobrar lo que se les debe, miles de pasajeros miran sus reservas con una pregunta cada vez más concreta: si la empresa vende el pasaje, ¿quién garantiza que el avión finalmente despegue?
