El exdiputado y economista José Luis Espert fue visto en una oficina de ANSES de San Isidro mientras gestiona su jubilación. Según la información difundida, registra apenas cinco años de aportes y habría recurrido al mecanismo de regularización previsto por la Ley 27.705. El episodio vuelve sobre sus antiguas críticas a las moratorias previsionales.
La imagen tiene algo de ironía política difícil de pasar por alto: José Luis Espert, uno de los dirigentes que durante años cuestionó las moratorias previsionales, apareció en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para encaminar su propia jubilación.
El exdiputado fue fotografiado en una dependencia del organismo en San Isidro y, según la información publicada por Página/12, se presentó para acogerse al régimen previsto por la Ley 27.705, que permite regularizar períodos sin aportes mediante un plan de pago.
La escena rápidamente se transformó en una noticia política. No solamente por el trámite previsional de un dirigente próximo a cumplir 65 años, sino porque vuelve a poner en primer plano sus propias posiciones públicas contra las moratorias y contra los mecanismos que permiten completar los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación.
De crítico a beneficiario
Espert construyó durante años un discurso basado en la defensa del esfuerzo contributivo y cuestionó los sistemas que permiten acceder a una jubilación sin contar con los 30 años de aportes exigidos por el régimen general.
En 2023, cuando el Congreso debatió el Plan de Pago de Deuda Previsional, el entonces diputado votó en contra de la iniciativa. La ley finalmente fue aprobada y creó mecanismos para que personas que no contaban con los aportes suficientes pudieran regularizar períodos faltantes.
Ahora, de acuerdo con las versiones difundidas sobre su trámite, Espert habría recurrido precisamente a una de las herramientas de esa legislación.
La diferencia entre lo que el dirigente defendía desde su banca y la situación en la que ahora se encuentra es lo que convirtió una gestión administrativa en un episodio político.
Cinco años de aportes
El dato que encendió la polémica es el de su historia previsional.
Según la información difundida por distintos medios, Espert tendría registrados alrededor de cinco años de aportes, cuatro de ellos correspondientes a su paso por la Cámara de Diputados y otro período asociado a su actividad como monotributista.
Sin embargo, este punto requiere una precisión: ANSES no difundió públicamente la historia laboral de Espert, por lo que la cifra de cinco años debe ser considerada como información periodística y no como un dato oficialmente confirmado por el organismo.
La cuestión es importante porque el régimen previsional general exige 30 años de servicios con aportes para acceder a una jubilación ordinaria. Existen, no obstante, mecanismos legales específicos para regularizar períodos sin aportes, sujetos a requisitos y condiciones.
Es precisamente uno de esos mecanismos el que aparece ahora en el centro de la escena.
La ley que había votado en contra
El Plan de Pago de Deuda Previsional fue aprobado por el Congreso en 2023 y quedó establecido mediante la Ley 27.705.
La normativa contempló distintos mecanismos para regularizar períodos sin aportes. Uno de ellos estuvo destinado a personas que ya habían alcanzado la edad jubilatoria o se encontraban próximas a hacerlo; otro permitió a determinados trabajadores en actividad anticipar la regularización de períodos anteriores.
El plan destinado a quienes ya estaban en edad jubilatoria tenía una vigencia temporal determinada, mientras que la propia ley mantuvo otro mecanismo de regularización para determinados trabajadores próximos a la edad de retiro. Por eso, hablar genéricamente de “moratoria” puede ocultar diferencias importantes entre los instrumentos previstos por la legislación.
En el caso de Espert, la información publicada señala que habría solicitado una Unidad de Pago Previsional, mecanismo contemplado por la legislación para regularizar períodos de deuda previsional.
El archivo de sus declaraciones
El episodio también volvió a poner en circulación declaraciones anteriores del economista.
Espert había sostenido públicamente una posición crítica respecto de las moratorias. Su argumento se apoyaba en que quienes no habían realizado los aportes correspondientes no debían recibir exactamente el mismo tratamiento que aquellos trabajadores que habían contribuido durante toda su vida laboral.
El planteo formaba parte de una concepción más amplia sobre el sistema previsional: cada trabajador debía hacerse cargo de sus aportes y el Estado no debía utilizar mecanismos de regularización para compensar períodos extensos sin contribuciones.
La imagen en ANSES introduce ahora una evidente tensión entre aquel discurso y su situación personal.
No hay, desde luego, nada ilegal en que un ciudadano utilice un mecanismo previsional previsto por una ley vigente. La cuestión política reside en otra parte: qué ocurre cuando quien durante años cuestionó ese mecanismo decide recurrir a él para completar sus propios aportes.
La reacción sindical
La fotografía de Espert en ANSES generó rápidamente repercusiones políticas y sindicales.
El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, difundió la imagen y cuestionó al exdiputado por recurrir a un mecanismo que había rechazado durante su actividad parlamentaria. En sus redes sociales recordó que Espert había votado contra el Plan de Pago de Deuda Previsional.
La crítica se concentró en lo que presentó como una contradicción entre el discurso político y la conducta personal.
El episodio se convirtió así en una nueva batalla alrededor de una discusión que excede a Espert: quién tiene derecho a jubilarse, cómo se financia el sistema previsional y qué sucede con los trabajadores que llegan a la edad de retiro sin haber podido reunir los años de aportes exigidos.
Un debate que no terminó
Las moratorias previsionales han sido uno de los temas más controvertidos de la política argentina durante los últimos años.
Sus defensores sostienen que permiten reconocer trayectorias laborales caracterizadas por informalidad, interrupciones de empleo y trabajos no registrados, especialmente en sectores donde los aportes fueron históricamente insuficientes.
Sus críticos argumentan que esos mecanismos deterioran la lógica contributiva del sistema y generan obligaciones fiscales que terminan financiándose con recursos públicos.
La discusión volvió a cobrar fuerza cuando el Gobierno de Javier Milei dejó vencer en 2025 el plan de regularización previsional que había sido creado en 2023. Al mismo tiempo, otros instrumentos de la Ley 27.705 continuaron contemplando mecanismos de regularización para determinados trabajadores.
El caso Espert aparece, entonces, en medio de una discusión mucho más amplia sobre el futuro de las jubilaciones argentinas.
La política y el espejo
Para Espert, el trámite previsional tiene una dimensión adicional porque ocurre después de su salida de la primera línea política.
El economista había sido uno de los dirigentes que con mayor énfasis defendieron la reducción del gasto estatal y cuestionaron las políticas previsionales basadas en mecanismos de excepción o regularización.
Ahora, la fotografía frente a una computadora de ANSES lo coloca del otro lado del mostrador.
El punto no es que un dirigente tenga prohibido modificar sus posiciones ni que utilizar una herramienta legal implique una irregularidad. El punto es la consistencia entre las políticas que se defienden para los demás y las decisiones que se toman cuando esas mismas reglas alcanzan a quien las cuestionó.
En política, a veces una imagen dice más que un discurso.
Y la de Espert sentado en una oficina de ANSES, gestionando su futuro previsional mientras reaparecen sus antiguas críticas a las moratorias, condensó en una sola escena una de las discusiones más persistentes de la Argentina: qué Estado se reclama cuando se habla de los demás y qué Estado se necesita cuando llega el momento de jubilarse.
