El Senado de la Nación se dispone a debatir uno de los proyectos más controvertidos impulsados por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone eliminar los límites que desde 2011 regulan la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, una modificación que sus defensores presentan como una herramienta para atraer inversiones, pero que sus detractores consideran una renuncia a una política histórica de protección del territorio nacional.
La reforma no llega sola. Forma parte de un paquete legislativo que también incorpora cambios al régimen de desalojos, modifica la Ley de Manejo del Fuego y endurece las condiciones para las expropiaciones. El oficialismo sostiene que busca fortalecer el derecho de propiedad y eliminar regulaciones que desalientan la inversión privada. Sin embargo, organizaciones sociales, especialistas en derecho agrario, sectores productivos y referentes de la Iglesia Católica advierten que el proyecto puede acelerar un proceso de concentración y extranjerización de recursos estratégicos.
Una ley nacida para proteger el territorio
La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 con un objetivo preciso: impedir que una porción significativa del suelo argentino quedara bajo control extranjero. Estableció un límite del 15 % de la superficie rural para propietarios extranjeros tanto a nivel nacional como provincial y municipal, además de restricciones sobre tierras ubicadas en zonas de frontera y aquellas que contienen cuerpos de agua permanentes.
El proyecto que hoy analiza el Senado elimina esos topes para personas y empresas privadas extranjeras. Solo mantendría controles específicos para Estados extranjeros y compañías con participación estatal, aunque incluso en esos casos flexibiliza los mecanismos de autorización.
Soberanía o mercado
La discusión trasciende el plano jurídico. En el centro del debate aparece una pregunta de fondo: ¿la tierra debe ser tratada únicamente como un activo económico o constituye un recurso estratégico vinculado a la soberanía nacional?
Para el gobierno libertario, la respuesta parece clara. La filosofía de desregulación impulsada por Javier Milei considera que las restricciones actuales representan una barrera para la llegada de capitales y limitan el desarrollo económico. En esa lógica, cualquier comprador debería competir en igualdad de condiciones, independientemente de su nacionalidad.
Quienes rechazan la iniciativa sostienen exactamente lo contrario. Argumentan que la tierra no es un bien cualquiera: sobre ella descansan la producción de alimentos, las reservas de agua dulce, la biodiversidad, los recursos minerales y la seguridad territorial. Una vez transferida, advierten, resulta prácticamente imposible recuperar el control estratégico de esos espacios.
Los antecedentes alimentan la polémica
La discusión no ocurre en el vacío. Durante las últimas décadas, la presencia de grandes propietarios extranjeros en distintas regiones del país generó fuertes controversias políticas y judiciales. Casos emblemáticos como Lago Escondido o extensas propiedades en la Patagonia y el norte argentino instalaron el debate sobre los límites entre la inversión privada y el interés nacional.
Según registros oficiales, aunque el promedio nacional se mantiene por debajo del límite legal vigente, existen departamentos donde la participación de propietarios extranjeros supera ampliamente el 15 %, e incluso alcanza más de la mitad del territorio. Esa realidad es uno de los principales argumentos utilizados por quienes consideran riesgoso eliminar por completo los controles.
Una reforma con múltiples frentes
El paquete legislativo también habilita procedimientos de desalojo más rápidos y elimina restricciones que impedían modificar el uso de tierras afectadas por incendios durante un período determinado. Para las organizaciones ambientalistas y sectores rurales críticos, el conjunto de reformas revela una misma orientación: reducir la capacidad regulatoria del Estado sobre el territorio y privilegiar los derechos patrimoniales por encima de otras consideraciones sociales y ambientales.
Una votación que trasciende el Congreso
Más allá del resultado parlamentario, la discusión marca uno de los debates más sensibles de la gestión libertaria. No se trata únicamente de flexibilizar una ley económica. Lo que está en juego es el modelo de país que se pretende construir y el papel que el Estado conservará sobre recursos considerados estratégicos.
Mientras el oficialismo insiste en que la apertura atraerá inversiones y dinamizará el mercado inmobiliario rural, sus críticos advierten que el costo podría medirse en décadas: una creciente concentración de tierras, menor capacidad de control sobre recursos naturales y un retroceso en una política que durante años fue presentada como una cuestión de soberanía nacional.
La decisión quedará en manos del Senado. Pero cualquiera sea el resultado, el debate ya dejó instalada una pregunta que difícilmente desaparezca: ¿hasta dónde puede liberalizarse el mercado de tierras sin comprometer el control sobre el territorio argentino?
