El empleo registrado volvió a caer y la pérdida de puestos se profundiza. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno se destruyeron más de 411.000 empleos y, en los últimos doce meses, desaparecieron otros 110.000. El deterioro del mercado laboral comienza a reflejarse también en el cierre de empresas.
La promesa de que el ajuste y la desregulación abrirían el camino hacia una economía más dinámica encuentra un límite cada vez más visible en el mercado laboral. Los datos relevados por Página/12 muestran un escenario de fuerte deterioro: desde que Javier Milei asumió la Presidencia se destruyeron más de 411.000 puestos de trabajo, mientras que solamente en los últimos doce meses la pérdida supera los 110.000 empleos.
El fenómeno no se limita a una caída coyuntural. La reducción sostenida del empleo registrado expone las dificultades de distintos sectores de la economía para sostener sus niveles de actividad y plantea un interrogante sobre la capacidad del modelo económico para generar puestos de trabajo formales.
Menos empleo registrado y más incertidumbre
Uno de los datos centrales del informe es la caída del empleo formal. Frente a este retroceso, los llamados “trabajos refugio” —aquellas actividades a las que muchas personas recurren cuando pierden su empleo principal— ya no alcanzan para contener el deterioro del mercado laboral.
Durante mayo, por ejemplo, se registró un aumento de aproximadamente 2.700 monotributistas, pero ese crecimiento resulta insuficiente para compensar la pérdida de puestos asalariados registrados. El cambio refleja también una transformación en la estructura laboral: mientras disminuyen los empleos formales, crecen modalidades de inserción más individuales y, en muchos casos, con menor estabilidad.
La consecuencia es un mercado laboral más frágil, donde conservar un ingreso no necesariamente equivale a conservar un empleo estable.
El cierre de empresas suma presión
El deterioro laboral aparece acompañado por otro indicador preocupante: el cierre de empresas. Según los datos citados por Página/12, el proceso ya se traduce en el cierre de 33 firmas por día.
La desaparición de empresas tiene un efecto que excede las estadísticas. Cada establecimiento que deja de funcionar implica puestos de trabajo que se pierden, proveedores que dejan de vender, familias que pierden ingresos y economías locales que reciben un nuevo golpe.
En este contexto, el problema deja de ser exclusivamente laboral y adquiere una dimensión productiva. Si la cantidad de empresas que cierran supera a la de aquellas que se incorporan al circuito económico, la capacidad de generación de empleo queda comprometida.
Una reforma laboral que no frenó los despidos
El escenario se produce, además, después de la implementación de una reforma laboral impulsada por el Gobierno. La administración de Milei presentó esas modificaciones como una herramienta para flexibilizar el mercado y favorecer la contratación. Sin embargo, los indicadores disponibles muestran que la reforma no logró revertir la destrucción de empleo.
Al mismo tiempo, la conflictividad vinculada al trabajo continúa elevada. Otro informe publicado por Página/12 señala que ya se acumularon más de 72.000 demandas laborales, pese a las expectativas oficiales de que la flexibilización contribuiría a reducir la litigiosidad.
El dato introduce una contradicción en el discurso oficial: la modificación de las reglas laborales no solamente convive con una fuerte destrucción de puestos, sino también con un nivel elevado de conflictos judiciales.
El costo social del ajuste
Detrás de cada cifra existe una dimensión social difícil de medir únicamente con indicadores macroeconómicos. Perder el empleo significa, para miles de hogares, reducir el consumo, postergar proyectos, acumular deudas y depender de actividades informales para sostener los ingresos.
La situación es particularmente compleja para quienes ingresan al mercado laboral. Un análisis publicado anteriormente por Página/12 ya advertía que los jóvenes de entre 16 y 24 años se encuentran entre los sectores más afectados por los despidos, los salarios deprimidos y la precarización.
La combinación entre menor cantidad de empleos formales y pérdida de poder adquisitivo puede generar un círculo difícil de romper: menos trabajadores con ingresos estables significa menos consumo; menos consumo afecta a las empresas; y las empresas con menor actividad tienen menos incentivos para contratar.
La paradoja del modelo
El Gobierno de Milei sostiene que el ajuste fiscal, la reducción del gasto público y la desregulación son condiciones necesarias para transformar la economía argentina. El problema es que, mientras esa transformación se presenta como el camino hacia una recuperación futura, el mercado laboral está absorbiendo buena parte de los costos del proceso.
Los más de 411.000 puestos de trabajo destruidos desde el inicio de la gestión constituyen una señal que difícilmente pueda ser interpretada como un fenómeno marginal.
La pregunta de fondo es qué tipo de recuperación puede construirse sobre una economía que pierde empresas y empleos formales. Y, sobre todo, cuánto tiempo puede sostenerse un modelo de ajuste cuando sus efectos comienzan a impactar directamente sobre el ingreso y las condiciones de vida de los trabajadores.
La “motosierra”, convertida en símbolo político del Gobierno, tiene así una consecuencia concreta sobre el mercado laboral: menos puestos registrados, más incertidumbre y una creciente cantidad de empresas que dejan de operar. El desafío ya no es solamente cuánto se recorta, sino qué queda en pie después del recorte.
