La Casa Rosada postergó el avance de la reforma electoral impulsada por Javier Milei. La falta de respaldo de gobernadores y legisladores aliados amenaza con convertir el proyecto en otro revés parlamentario para el oficialismo.
El Gobierno de Javier Milei decidió poner en pausa el proyecto de reforma electoral que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ante la evidencia de que no cuenta con los votos suficientes para garantizar su aprobación en el Congreso.
La iniciativa, que forma parte de la estrategia oficial para modificar las reglas electorales de cara a 2027, quedó nuevamente atrapada en las negociaciones con gobernadores y bloques opositores dialoguistas. En la Casa Rosada admiten que, por ahora, no están dadas las condiciones para avanzar y que no existe una fecha definida para su tratamiento.
El freno representa un nuevo problema político para un Gobierno que necesita construir acuerdos parlamentarios para avanzar con su agenda y, al mismo tiempo, busca consolidar una estructura electoral que le permita a La Libertad Avanza competir con mayores posibilidades en las elecciones presidenciales de 2027.
Sin los votos necesarios
La eliminación de las PASO requiere una mayoría que el oficialismo todavía no logró reunir. El principal obstáculo aparece en la construcción de acuerdos con los gobernadores, cuyos intereses electorales no necesariamente coinciden con los de la Casa Rosada.
La situación obliga al Gobierno a recalcular su estrategia. Mientras algunos sectores del oficialismo sostienen que las primarias generan un gasto innecesario y obligan a la ciudadanía a votar en más oportunidades, sus críticos consideran que su eliminación puede modificar sustancialmente el escenario electoral y favorecer a las fuerzas con mayor estructura política.
El problema para Milei es que una reforma de esta magnitud no puede aprobarse únicamente con los votos de La Libertad Avanza. Necesita aliados y acuerdos que, hasta ahora, no terminan de cerrarse.
Una reforma pensada para 2027
La discusión sobre las PASO tiene un componente institucional, pero también una dimensión electoral evidente.
El Gobierno busca llegar a 2027 con un sistema que reduzca las instancias electorales y, al mismo tiempo, permita a La Libertad Avanza ordenar sus candidaturas y ampliar su presencia territorial. La eliminación de las primarias obligaría a los partidos a definir sus candidatos mediante otros mecanismos y podría modificar las estrategias de las fuerzas opositoras.
El debate se produce además mientras los partidos comienzan a reorganizarse de cara a la próxima elección presidencial. El oficialismo trabaja para fortalecer su estructura y profundizar acuerdos con sectores del PRO y otros espacios, mientras el peronismo intenta recomponer una estrategia común.
En ese escenario, las PASO se transformaron en una pieza central de la disputa política.
Gobernadores, la llave del proyecto
Los gobernadores tienen un papel decisivo en las negociaciones. El Gobierno necesita de ellos para construir mayorías legislativas, pero las provincias también tienen sus propios calendarios, intereses y estrategias electorales.
La Casa Rosada viene intentando recomponer vínculos con mandatarios provinciales y sectores de la oposición dialoguista. De hecho, el oficialismo condicionó parte de sus acuerdos políticos al acompañamiento de la reforma electoral y pretende conseguir una primera aprobación durante las próximas semanas.
Pero la negociación se volvió más compleja de lo esperado.
Algunos aliados consideran que eliminar las PASO puede ser conveniente, mientras que otros prefieren conservarlas, modificarlas o establecer una alternativa que permita resolver las internas partidarias sin obligar a toda la ciudadanía a participar.
Las alternativas que analiza el oficialismo
Ante la dificultad para avanzar con la eliminación definitiva, comenzaron a circular otras posibilidades. Entre ellas aparece la suspensión de las PASO para 2027 o la transformación del mecanismo en una primaria abierta pero no obligatoria.
Esa salida permitiría al Gobierno evitar una derrota parlamentaria y, al mismo tiempo, introducir modificaciones al sistema electoral.
La discusión también alcanza otros aspectos de la reforma política, como el financiamiento de los partidos y distintos mecanismos vinculados con la organización de las elecciones.
El problema es que cada concesión implica modificar el proyecto original y puede abrir nuevas negociaciones con bloques que ya tienen posiciones diferentes sobre el sistema electoral.
Un nuevo desafío para Milei
El freno al proyecto expone una de las principales dificultades que enfrenta el Gobierno: transformar su peso electoral en capacidad legislativa.
La Libertad Avanza llegó al poder sin una estructura parlamentaria propia capaz de garantizar mayorías. Desde entonces, la Casa Rosada tuvo que recurrir a acuerdos con sectores del PRO, radicales y legisladores provinciales para avanzar con sus principales iniciativas.
La reforma electoral vuelve a mostrar los límites de esa estrategia.
El Gobierno pretende cambiar las reglas con las que se disputará la elección de 2027, pero para hacerlo necesita convencer justamente a aquellos dirigentes que también deberán competir bajo esas nuevas reglas.
Entre la presión y la negociación
La decisión de frenar momentáneamente el proyecto busca evitar otro fracaso legislativo. La Casa Rosada sabe que llevar al recinto una iniciativa sin los votos asegurados podría convertirse en una derrota política difícil de disimular.
Por eso, el oficialismo optó por ganar tiempo y continuar las conversaciones.
La discusión, sin embargo, está lejos de terminar. El Gobierno mantiene como objetivo la eliminación de las PASO, pero deberá definir cuánto está dispuesto a ceder para conseguir los votos.
Mientras tanto, el calendario electoral de 2027 comienza a ordenar las estrategias de todos los espacios políticos.
La paradoja para Milei es evidente: el Gobierno quiere eliminar las primarias para ordenar el escenario electoral, pero antes necesita atravesar una primaria mucho más áspera: la negociación política dentro del Congreso.
Y por ahora, esa votación todavía no está ganada.
