La detención del fiscal general Roger Mariaca, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y señalado por Estados Unidos, abrió una crisis que involucra al gobierno de Rodrigo Paz, a la DEA y a Washington. El caso también impacta directamente en la investigación contra el argentino Fernando Cerimedo.
Bolivia amaneció atravesada por una crisis institucional que excede ampliamente la detención de un fiscal. La captura del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, junto con otros funcionarios del Ministerio Público, puso en tensión la relación entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que volvió a colocar a Estados Unidos y a la DEA en el centro de la política interna boliviana.
El operativo fue ejecutado por fuerzas policiales bolivianas y contó, según reconoció el propio Gobierno, con información y apoyo de la Administración para el Control de Drogas estadounidense. La detención se produjo después de que Washington revocara la visa de Mariaca y de otros funcionarios, acusándolos de presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que Mariaca encabezaba una estructura criminal instalada dentro del Ministerio Público y vinculada con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las autoridades bolivianas afirman que cuentan con grabaciones atribuidas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y que durante los operativos se secuestró una importante cantidad de dinero.
Pero existe otra versión de los hechos. Desde el propio Ministerio Público denunciaron que la detención fue ilegal y cuestionaron que los policías hayan irrumpido en dependencias judiciales sin exhibir una orden judicial. El vicepresidente Edmand Lara reclamó públicamente que se respete el debido proceso y advirtió que ningún agente extranjero puede ejercer funciones de aprehensión en territorio boliviano al margen de las leyes nacionales.
La discusión, por lo tanto, dejó de ser exclusivamente policial. La pregunta ahora es hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la lucha contra el narcotráfico sin alterar los mecanismos constitucionales que separan al Poder Ejecutivo del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Washington entra en escena
La participación estadounidense no aparece como un elemento secundario.
El Departamento de Estado había sancionado a Mariaca días antes de su detención. Washington lo acusó de facilitar actividades vinculadas con el narcotráfico y de ayudar a personas involucradas en delitos violentos. El Gobierno boliviano, mientras tanto, admitió que la DEA proporcionó información utilizada en el operativo.
La secuencia es políticamente significativa: primero llegan las sanciones estadounidenses, después las acusaciones públicas y finalmente la detención ejecutada por la Policía boliviana.
Desde Washington, además, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó las acciones emprendidas por el gobierno de Paz y las ubicó dentro de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.
Para el oficialismo boliviano, se trata de una operación contra una estructura criminal que habría penetrado las instituciones del Estado. Para sus críticos, en cambio, la intervención estadounidense genera interrogantes sobre la soberanía y sobre el uso de información extranjera para avanzar contra funcionarios de uno de los poderes del Estado.
La diferencia no es menor. La lucha contra el narcotráfico puede requerir cooperación internacional, pero esa cooperación no elimina la obligación de respetar las reglas constitucionales y procesales del país donde se desarrolla el operativo.
El caso Cerimedo vuelve al centro de la escena
En medio de esta crisis aparece un nombre que conecta directamente a Bolivia con la política argentina: Fernando Cerimedo, consultor político argentino y exasesor de Javier Milei.
Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia y enfrenta varias investigaciones, entre ellas una acusación por tentativa de femicidio presentada por Nadia Beller, además de causas relacionadas con enriquecimiento ilícito, violencia de género y presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico.
Mariaca había impulsado investigaciones relacionadas con Cerimedo. El propio fiscal general había señalado, antes de ser detenido, que algunas de las investigaciones que llevaba adelante tenían repercusiones internacionales y mencionó expresamente el caso del consultor argentino.
Ese dato convirtió la detención del fiscal en un episodio todavía más delicado.
Nadia Beller, denunciante de Cerimedo, sostuvo que la detención de Mariaca podía tener como consecuencia el debilitamiento de las investigaciones contra el argentino. Esa interpretación es una denuncia de parte y deberá ser contrastada con las pruebas que surjan de las investigaciones judiciales.
Lo que sí está documentado es que Mariaca estaba al frente del Ministerio Público cuando Cerimedo quedó bajo investigación y que su desplazamiento se produjo inmediatamente después de las acusaciones estadounidenses contra el fiscal.
La coincidencia temporal alimenta las sospechas, pero no permite por sí sola establecer que la detención haya tenido como objetivo beneficiar a Cerimedo. Esa hipótesis deberá ser probada.
Marset y la acusación que todavía necesita pruebas
El argumento central del Gobierno boliviano se apoya en las presuntas conexiones entre Mariaca y Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo que fue detenido en Bolivia en 2023 y posteriormente trasladado a Estados Unidos.
Las autoridades aseguran que existen audios y videos en los que Marset habla de sus relaciones con funcionarios bolivianos. Reuters informó que uno de los materiales divulgados contiene afirmaciones atribuidas al narcotraficante sobre pagos y contactos con Mariaca.
Sin embargo, una grabación atribuida a una persona investigada no constituye por sí misma una condena. Debe ser incorporada a una investigación formal, sometida a peritajes, contrastada con otras pruebas y analizada por las autoridades judiciales competentes.
Ese es precisamente uno de los puntos que genera controversia: la diferencia entre una acusación política, una investigación criminal y una condena judicial.
La gravedad de los delitos denunciados no elimina la necesidad de demostrar las responsabilidades individuales.
El Ministerio Público, en el centro del conflicto
La crisis adquirió una dimensión institucional todavía mayor cuando el Gobierno planteó la posibilidad de reemplazar al fiscal general.
La normativa boliviana establece mecanismos específicos para la sucesión del titular del Ministerio Público. El fiscal de mayor antigüedad, Luis Montaño, asumió interinamente después de la detención de Mariaca.
Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo plantearon la posibilidad de designar un nuevo fiscal general mediante una decisión del Gobierno.
Ese punto abre uno de los interrogantes centrales del conflicto: si el Ejecutivo puede avanzar sobre la conducción del Ministerio Público en medio de una investigación policial.
El vicepresidente Lara cuestionó esa posibilidad y recordó que la designación corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Si esa disputa escala, Bolivia no solamente estará discutiendo una causa por narcotráfico. Estará discutiendo quién controla una institución fundamental para investigar los delitos y ejercer la acción penal.
Una frontera delicada entre seguridad y poder
El argumento de la lucha contra el narcotráfico tiene una enorme capacidad política en América Latina. Permite justificar cooperación internacional, intercambio de inteligencia, operaciones policiales y sanciones financieras.
Pero también plantea un límite: la seguridad no puede convertirse automáticamente en una excepción permanente a las reglas institucionales.
En el caso boliviano, las acusaciones contra Mariaca son graves y deberán ser investigadas. Las denuncias sobre una eventual estructura vinculada al narcotráfico dentro del Ministerio Público tampoco pueden ser descartadas sin investigación.
Al mismo tiempo, la intervención de organismos estadounidenses, la revocación previa de visas, la utilización de información aportada por la DEA y la posterior detención del máximo responsable del Ministerio Público obligan a observar el caso con especial atención.
Porque hay dos preguntas diferentes que no deberían confundirse.
La primera es si existen funcionarios bolivianos involucrados en redes de narcotráfico y corrupción.
La segunda es si el Estado boliviano está respetando sus propias reglas para investigarlos.
Una respuesta afirmativa a la primera pregunta no habilita automáticamente a ignorar la segunda.
Una crisis que trasciende a Bolivia
La dimensión regional del caso es inevitable.
En la trama aparecen el gobierno de Rodrigo Paz, la administración de Donald Trump, la DEA, Sebastián Marset, Fernando Cerimedo y las investigaciones que vinculan al consultor argentino con distintos actores de la derecha latinoamericana. El caso, además, ocurre en un momento de acercamiento político entre La Paz y Washington. Reuters señaló que el gobierno de Paz busca profundizar sus vínculos con Estados Unidos mientras enfrenta desafíos económicos y de seguridad.
En ese tablero, Bolivia vuelve a ocupar un lugar estratégico para Washington.
La diferencia con otras etapas de la política latinoamericana es que la presión estadounidense ya no necesariamente adopta las formas clásicas de las intervenciones del siglo XX. Puede expresarse mediante sanciones, restricciones de visas, cooperación policial, inteligencia, asistencia financiera y respaldo político a determinados gobiernos.
El resultado puede ser igualmente determinante para la política interna de un país.
Por eso, más allá de las acusaciones contra Mariaca —que deberán probarse judicialmente—, el episodio abre una discusión mucho mayor sobre soberanía, cooperación internacional y separación de poderes.
Bolivia enfrenta ahora un desafío doble: investigar las posibles conexiones entre funcionarios y redes del narcotráfico y, al mismo tiempo, preservar las garantías institucionales que deberían regir cualquier investigación.
La lucha contra el crimen organizado necesita instituciones fuertes. Y precisamente por eso, cuando las instituciones quedan atrapadas en una disputa política de esta magnitud, la primera víctima puede terminar siendo aquello que todos dicen defender: el Estado de derecho.
