La adhesión al Consenso de Ginebra marca un giro en la política exterior del gobierno de Javier Milei y fortalece los vínculos con una red internacional que promueve una agenda conservadora sobre aborto, familia y derechos sexuales. La decisión se conoció después de una serie de encuentros oficiales con referentes de organizaciones antiderechos.
Argentina dio un nuevo paso en el giro conservador de su política exterior. El gobierno de Javier Milei formalizó su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, una alianza internacional que sostiene, entre otros principios, que no existe un derecho internacional al aborto y que cada Estado debe conservar la potestad de definir sus propias políticas sobre la interrupción del embarazo.
La decisión fue presentada por la Cancillería como parte de una política basada en la defensa de la vida, la familia, la libertad y la soberanía nacional. Sin embargo, organizaciones feministas y sectores vinculados a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos advierten que la incorporación de Argentina a este espacio supone un retroceso y puede convertirse en una plataforma para intentar modificar los consensos alcanzados en materia de derechos.
El movimiento no aparece aislado. Durante las últimas semanas, el Gobierno profundizó sus contactos con referentes de organizaciones conservadoras internacionales y abrió espacios institucionales para la discusión de una agenda centrada en la natalidad, la familia tradicional y el cuestionamiento de políticas de género.
Un acuerdo con sello conservador
La Declaración del Consenso de Ginebra fue impulsada originalmente en 2020 durante la primera presidencia de Donald Trump. El documento reivindica la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y la soberanía de los Estados para establecer sus propias políticas sobre aborto. También sostiene expresamente que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo.
El texto utiliza un lenguaje vinculado con la protección de la salud de las mujeres, pero coloca la cuestión del aborto en un marco político y jurídico que busca limitar su reconocimiento como parte de los derechos sexuales y reproductivos.
Argentina se incorpora ahora a ese entramado internacional en un contexto en el que la administración de Milei viene cuestionando buena parte de las políticas públicas vinculadas con género, diversidad y educación sexual.
La adhesión adquiere así una dimensión que excede la diplomacia. Se trata también de una señal hacia el frente interno.
Quirno y la nueva diplomacia
El canciller Pablo Quirno se convirtió en uno de los principales impulsores de este nuevo posicionamiento. En un encuentro organizado por la Political Network for Values (PNfV), defendió una concepción de los derechos basada en la denominada “ley natural” y afirmó que existen principios sobre la persona humana que no pueden ser modificados por el poder político.
La propia PNfV define su actividad alrededor de la defensa de la vida, el matrimonio, la familia y determinadas concepciones de la libertad. La organización reúne a dirigentes políticos y sociales de distintos países y se presenta como una plataforma internacional de articulación entre sectores conservadores.
En agosto, Quirno encabezó además un encuentro en el Palacio San Martín denominado “Protegiendo el Futuro”, junto a referentes de la organización y dirigentes vinculados con el movimiento internacional contra el aborto. La Cancillería se convirtió de esta manera en escenario de una agenda que hasta hace pocos años tenía una presencia mucho más marginal en la política exterior argentina.
El canciller resumió la nueva orientación al reivindicar una diplomacia vinculada con la “tradición occidental” y las “raíces judeocristianas”, una definición que marca distancia con la tradición diplomática argentina basada en una concepción más amplia de los derechos humanos.
El desembarco en la Legislatura porteña
La ofensiva también tuvo una expresión política concreta en la Ciudad de Buenos Aires. En julio se realizó en la Legislatura porteña el foro “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”, organizado por la Political Network for Values junto con organizaciones como Fundación Faro, Argéntea, Instituto Mises Cono Sur, Global Center for Human Rights y Fundación Free.
El encuentro reunió a dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO, funcionarios porteños y referentes conservadores extranjeros. Entre los participantes estuvieron la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; la senadora Carmen Álvarez Rivero y los diputados Santiago Santurio y Joaquín Ojeda.
En los paneles aparecieron cuestionamientos al aborto legal, a la Educación Sexual Integral y a las políticas vinculadas con diversidad sexual. También se planteó la necesidad de promover políticas de natalidad y fortalecer un determinado modelo de familia.
La presencia de dirigentes del oficialismo y del PRO reveló, además, que la disputa cultural puede convertirse en uno de los terrenos de convergencia entre ambos espacios políticos.
De la “batalla cultural” a la política exterior
El dato político más significativo es que esta agenda dejó de expresarse únicamente en discursos de dirigentes libertarios y comenzó a ocupar espacios institucionales.
La participación de funcionarios nacionales, la recepción de referentes conservadores en Cancillería y la adhesión al Consenso de Ginebra muestran un cambio de escala: aquello que durante años funcionó como una corriente internacional de presión política empieza a contar con una puerta de entrada directa al Estado argentino.
La PNfV, además, presentó a Argentina como un actor dispuesto a ocupar un lugar dentro de esa red internacional. La propia organización destacó el papel de Quirno y sostuvo que el país había decidido asumir una posición activa en defensa de esos principios.
El Gobierno, por su parte, evita presentar el movimiento exclusivamente como una ofensiva contra el aborto. Su discurso se concentra en conceptos como vida, familia, libertad y soberanía. El problema es que detrás de esas palabras existe una discusión concreta sobre derechos que ya fueron reconocidos por la legislación argentina.
La incógnita sobre la ley de aborto
La adhesión al Consenso de Ginebra abre además un interrogante político: ¿hasta dónde pretende avanzar el Gobierno en materia de aborto?
La Ley 27.610, aprobada en 2020, estableció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y contempló además causales específicas después de ese plazo.
Milei ha cuestionado públicamente el aborto y llegó a calificarlo de “homicidio agravado por el vínculo”. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no consiguió instalar formalmente en el Congreso una iniciativa para derogar la legislación.
La adhesión internacional puede funcionar, entonces, como una herramienta política para construir el terreno de una futura discusión parlamentaria. No significa por sí misma la derogación de la ley argentina, pero sí expresa una orientación política inequívoca.
Una nueva batalla por los derechos
La incorporación de Argentina a esta red internacional confirma que la denominada “batalla cultural” ocupa un lugar cada vez más importante dentro del proyecto libertario.
La discusión ya no se limita a la economía, al Estado o al déficit fiscal. También alcanza la educación, la sexualidad, las políticas de género, la familia y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
El desafío para los sectores que defienden los derechos conquistados será evitar que una discusión presentada bajo conceptos aparentemente universales —como “vida”, “familia” o “libertad”— oculte el verdadero conflicto: qué derechos reconoce el Estado, quién puede ejercerlos y qué lugar ocupa la autonomía de las mujeres en ese nuevo orden político.
La Argentina acaba de tomar posición en esa disputa. Y lo hizo no solamente con un discurso, sino incorporándose formalmente a una alianza internacional que busca cambiar el sentido de los consensos alcanzados en las últimas décadas.
El giro diplomático de Milei tiene, por lo tanto, una consecuencia que trasciende las relaciones exteriores: convierte a la política de derechos sexuales y reproductivos en otro de los grandes campos de batalla de su gobierno.
